Todas las semanas, América Latina y el Caribe registran en promedio un desastre natural, una realidad que acumula miles de víctimas y pérdidas económicas multimillonarias. Durante los últimos 50 años, estos fenómenos provocaron cerca de 100.000 muertes y daños superiores a 360.000 millones de dólares.
Cuatro de cada diez habitantes resultaron afectados por catástrofes que destruyen viviendas, interrumpen servicios esenciales y comprometen la estabilidad económica de comunidades enteras. Estas cifras forman parte de un informe impulsado por la Fundación Iberoamericana Empresarial, Mapfre y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Entre las principales amenazas figuran huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, sequías, olas de calor, incendios forestales, terremotos y deslizamientos de tierra. Los registros internacionales muestran un incremento de los desastres hidrológicos y meteorológicos, especialmente aquellos relacionados con lluvias intensas y tormentas.
Venezuela y Colombia han experimentado terremotos, mientras Chile registra inundaciones y Perú enfrenta deslizamientos de tierra, ejemplos de la diversidad de amenazas regionales. Aunque estos países ilustran distintos escenarios de riesgo, los fenómenos extremos afectan a numerosos territorios de América Latina y el Caribe.
Pérdidas millonarias y consecuencias que duran años
Las consecuencias económicas no terminan cuando desaparece el peligro inmediato, porque reconstruir viviendas, carreteras y servicios puede exigir inversiones extraordinarias durante varios años. Además, las interrupciones del transporte y las cadenas de suministro afectan actividades productivas, reducen ingresos familiares y dificultan la recuperación de pequeñas empresas.
Destinar fondos públicos a emergencias y reconstrucción genera presiones presupuestarias que pueden comprometer el crecimiento económico y dificultar la reducción de la pobreza. Esta vulnerabilidad resulta especialmente preocupante porque el 81% de las pérdidas potenciales carece de protección aseguradora, según las estimaciones del estudio.
La ausencia de cobertura financiera dificulta que familias, empresas y administraciones públicas dispongan rápidamente de recursos para recuperar sus actividades después de una catástrofe. Frente a esta situación, los especialistas proponen ampliar seguros, establecer fondos de contingencia y desarrollar mecanismos financieros capaces de responder ante emergencias graves.
Cambio climático y desafíos para las próximas décadas
El cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de distintos fenómenos meteorológicos extremos, lo que plantea mayores desafíos para la protección de poblaciones vulnerables. Aunque existen avances en sistemas de alerta temprana, prevención y evacuación, estas herramientas no garantizan por sí solas una recuperación económica rápida.
América Latina y el Caribe necesitan invertir hasta 31.000 millones de dólares anuales en infraestructura resistente a inundaciones y huracanes, según estimaciones del informe. También plantea movilizar otros 15.000 millones de dólares hasta 2030 para fortalecer las políticas de adaptación y gestión del riesgo.
Entre las prioridades destacan proteger infraestructura estratégica, ampliar las coberturas aseguradoras y establecer mecanismos que permitan liberar fondos inmediatamente después de una emergencia. Estas propuestas serán consideradas durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre de 2026 en Madrid.
Sin mayores inversiones preventivas y mecanismos de recuperación financiera, las catástrofes podrían profundizar las dificultades económicas y sociales que ya enfrentan numerosas comunidades. El desafío será reducir los daños futuros y evitar que cada nueva emergencia comprometa durante años la recuperación de los territorios afectados.
