La digitalización del dinero divide opiniones en México, mientras algunos ciudadanos consideran que reducir el uso del efectivo ayudaría a combatir los asaltos y agilizar los pagos, otros temen quedar excluidos por falta de acceso a la tecnología y cuestionan que el gobierno pueda tener mayor control sobre sus finanzas.
Tras la aprobación de la Ley de Economía Digital en el Senado, Imagen Poblana salió a las calles para consultar a personas de diferentes edades sobre los alcances de esta legislación, si conocen sus implicaciones y si están de acuerdo con que el efectivo pase paulatinamente a segundo plano y las operaciones financieras sean cada vez más monitoreadas por las autoridades.
Oscar consideró que los pagos electrónicos representan una alternativa útil, pero advirtió que no deben sustituir por completo al dinero en efectivo, ya que no toda la población tiene acceso a tarjetas bancarias o teléfonos inteligentes, una situación que afecta especialmente a los sectores de menores recursos.
Desde su experiencia en el área de ventas, explicó que incluso en la capital poblana hay colonias alejadas donde algunas personas tienen dificultades para tener un celular; por ello, sostuvo que deben mantenerse ambas modalidades de pago, pues imponer exclusivamente las operaciones digitales podría complicar la vida de miles de ciudadanos.
También expresó preocupación por una posible vigilancia excesiva de las finanzas personales, ya que el gobierno podría utilizar los mecanismos de fiscalización para ejercer mayor presión sobre los contribuyentes, por lo que pidió que la modernización de los pagos no se convierta en una herramienta para mantener un control desmedido sobre la población.
Por su parte, Rosario, de 73 años, manifestó su rechazo a los cambios y cuestionó que las autoridades tomen decisiones sin considerar suficientemente la opinión de la sociedad, ya que aprender a utilizar aplicaciones y dispositivos para llevar a cabo pagos sería complicado a su edad, particularmente para quienes viven solos y no cuentan con familiares que puedan orientarlos.
La adulta mayor también advirtió sobre los riesgos de los fraudes telefónicos y electrónicos, una situación que, dijo, incrementa su preocupación ante la posibilidad de depender de herramientas digitales para administrar su dinero; para ella, cualquier transformación de este tipo debe considerar las dificultades que enfrentan las personas mayores y garantizar que no queden desprotegidas.
Una postura diferente expresó Leonel, quien calificó la digitalización como una evolución positiva que permitiría ahorrar tiempo y evitar traslados a oficinas para hacer operaciones, puesto que consideró que pagar mediante aplicaciones puede facilitar las actividades cotidianas, especialmente para quienes tienen acceso a internet y están familiarizados con la tecnología.
Sin embargo, reconoció que la transición no será igual para todas las generaciones, ya que los adultos mayores pueden tener dificultades para manejar teléfonos inteligentes y aplicaciones bancarias, por lo que consideró necesario tomar en cuenta sus condiciones antes de avanzar hacia un modelo que dé mayor protagonismo a los pagos digitales.
Por otro lado, Martín se pronunció a favor de la economía digital al considerar que puede contribuir a reducir los riesgos de asalto y facilitar las compras cotidianas, al evitar que las personas tengan que cargar efectivo; también dijo que el registro de las operaciones podría ayudar a detectar evasión fiscal y movimientos financieros irregulares, por lo que rechazó que la digitalización necesariamente signifique que el gobierno pretenda apropiarse del dinero de los ciudadanos.
A su juicio, parte del rechazo a estas medidas surge del temor y la desinformación sobre sus posibles alcances, y aunque respaldó la modernización de los pagos, reconoció que existen aspectos de la actuación gubernamental con los que no está de acuerdo y defendió la necesidad de analizar la legislación más allá de las posturas políticas.
En contraste, Manuel reconoció que tiene poco conocimiento sobre la ley, pero expresó reservas ante una eventual reducción del uso del efectivo, y advirtió que numerosos pequeños comercios, mercados y puestos no tienen terminales bancarias para aceptar tarjetas, por lo que una transición acelerada podría perjudicar tanto a vendedores como a consumidores.
Las opiniones de los poblanos reflejan las preocupaciones que acompañan la transformación digital: seguridad, comodidad, privacidad y desigualdad en el acceso a la tecnología.
Mientras algunos ciudadanos respaldan la modernización de los pagos y la posibilidad de combatir irregularidades financieras, otros consideran indispensable conservar el efectivo y establecer límites claros al acceso gubernamental a la información personal.
El desafío será avanzar hacia nuevas formas de pago sin excluir a los sectores vulnerables ni comprometer la privacidad financiera de los mexicanos.
