Robo de tapas: ¿quién compra a los ladrones?, ¿quién tolera la comercialización?

Robo de tapas: ¿quién compra a los ladrones?, ¿quién tolera la comercialización?

Foto: Enfoque

En distintas colonias de la ciudad de Puebla han comenzado a aparecer nuevamente registros y alcantarillas sin tapa, una situación que vecinos atribuyen a la actuación recurrente de “rateros seriales” dedicados a sustraer estas piezas para venderlas como chatarra

 

Aunque para los delincuentes representa una ganancia de apenas unas decenas de pesos, para la ciudad, empresas y ciudadanos el costo puede multiplicarse y convertirse además en un grave riesgo.

 

Las tapas de registros de CFE, Telmex, Total Play, Agua de Puebla y otras empresas suelen estar fabricadas de fierro fundido y pueden pesar entre 50 y más de 100 kilogramos, dependiendo de su tamaño y resistencia.

 

 

Al ser comercializadas como fierro viejo, su valor ronda algunos pesos por kilogramo, por lo que una pieza de 50 kilos podría representar para quien la roba alrededor de 200 a 250 pesos, mientras que las de mayor peso pueden generar unos cuantos cientos de pesos más.

 

El verdadero negocio, sin embargo, no está en el valor individual de cada tapa, sino en la posibilidad de colocar varias piezas en el mercado de la chatarra; los principales compradores potenciales son centros de acopio y establecimientos dedicados a la compra de metales; aunque los negocios formales pueden negarse a recibir piezas cuya procedencia resulte sospechosa, el mercado informal dificulta rastrear su origen. 

 

Posteriormente, el fierro puede ser vendido a recicladores, fundidoras o intermediarios para su reutilización; la paradoja es que mientras el delincuente puede obtener unos cuantos cientos de pesos, reponer una tapa puede costar miles. 

 

Dependiendo del tipo, dimensiones y resistencia, una pieza nueva puede superar los 4,000 o 10,000 pesos, además de los gastos por instalación, maquinaria, mano de obra y atención de la emergencia.

 

El impacto también alcanza a las empresas de telecomunicaciones y servicios, que deben sustituir constantemente la infraestructura sustraída.

 

Pero más allá del daño económico, una alcantarilla abierta se convierte en una trampa para peatones, ciclistas y motociclistas; una caída puede provocar lesiones graves y, en determinadas circunstancias, la muerte. 

 

Por tanto, cada tapa robada no sólo representa un problema de infraestructura, sino un riesgo inmediato para quienes transitan por las calles.

 

 

El ayuntamiento capitalino según ha reportado una reducción significativa en este delito mediante acciones como la soldadura de tapas, vigilancia y recorridos coordinados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana; sin embargo, los registros abiertos continúan apareciendo, ya sea por robo, deterioro o fracturas.

 

El fenómeno revela un mercado en el que la ganancia para quien sustrae una tapa es mínima frente al costo que termina pagando la sociedad, pero mientras exista quien esté dispuesto a comprar el metal sin verificar su procedencia, el robo seguirá teniendo un incentivo económico. 

 

Por ello, además de reforzar la vigilancia y sustituir las tapas por materiales con menor valor de reventa, una de las claves para frenar este delito está en cerrar el mercado que recibe y comercializa las piezas robadas, pero ¿quién está a cargo de esta tarea? o mejor dicho, ¿quién tolera la comercialización de tapas robadas?

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