Sexto barco ecuatoriano hundido por EU: qué papel atribuye Washington a Los Choneros

El hundimiento del pesquero Don Rufo elevó a seis las embarcaciones ecuatorianas destruidas por fuerzas estadounidenses en menos de dos semanas. El Comando Sur de Estados Unidos sostiene que estas naves funcionaban como estaciones flotantes de combustible para operaciones de narcotráfico atribuidas a Los Choneros.

La versión oficial señala que la tripulación del Don Rufo fue detenida antes de que la embarcación fuera destruida en aguas del Pacífico. "Los individuos retirados del buque han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas", informó el mando militar estadounidense después de publicar imágenes de la operación.

Estas acciones comenzaron a ser reportadas desde el 28 de agosto y, según el Comando Sur, se realizan coordinadamente con el Gobierno ecuatoriano. El objetivo declarado consiste en interrumpir estructuras marítimas de abastecimiento que, presuntamente, permiten sostener desplazamientos y operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

Los Choneros y la red criminal señalada por Estados Unidos

Los Choneros son una organización criminal ecuatoriana que Estados Unidos considera vinculada con el Cartel de Sinaloa, una estructura del narcotráfico mexicano. Washington también declaró terrorista al grupo, mientras sus fuerzas lo señalan como beneficiario de redes logísticas utilizadas por embarcaciones interceptadas en el Pacífico.

Su relación con el Cartel de Sinaloa forma parte de la acusación estadounidense utilizada para sustentar estas operaciones marítimas contra el narcotráfico. Esa caracterización explica por qué las operaciones estadounidenses se concentran en embarcaciones acusadas de facilitar combustible, movilidad y apoyo logístico a sus actividades.

De todas maneras, la atribución criminal permanece bajo disputa en varios casos, porque tripulantes y familiares negaron cualquier relación con la organización.

Detenciones, liberaciones y cuestionamientos sobre las pruebas

Los cuestionamientos aumentaron después de que un juez ecuatoriano liberara a 28 tripulantes de dos embarcaciones al no hallar indicios suficientes de delito. Otros 32 procesados por una presunta asociación ilícita también obtuvieron libertad condicional, mientras sus abogados rechazaron las acusaciones presentadas por la Fiscalía.

Ese contraste entre las imputaciones iniciales y las decisiones judiciales mantiene abierta la discusión sobre las pruebas utilizadas para vincular cada barco con redes criminales. Las operaciones también coinciden con la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Quito para abordar cooperación contra organizaciones criminales transnacionales.

Su gira regional, prevista entre el 8 y el 10 de septiembre, incluye además Colombia y Perú como parte de conversaciones sobre seguridad regional.

Otros tres ataques contra pesqueros ecuatorianos, ocurridos en enero y marzo cerca de las Islas Galápagos, también fueron denunciados. Esos episodios no fueron reconocidos por Estados Unidos ni Ecuador, aunque The Washington Post los vinculó con una operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia.

Uno de esos casos involucra a ocho pescadores desaparecidos desde enero, cuya embarcación Fiorella había salido antes de perder contacto. Amnistía Internacional pidió investigar una posible participación estadounidense, mientras las familias continúan reclamando respuestas sobre el destino de los tripulantes.