Autoridades federales y estatales desmantelaron una granja clandestina de minería de criptomonedas en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla, donde fueron asegurados cerca de 300 equipos de cómputo especializados, un transformador de pedestal, alrededor de 80 terminales de media tensión y ocho antenas de internet satelital.
Pero ¿qué es una granja de criptomonedas?
Se trata de una instalación en la que se concentran decenas, cientos o incluso miles de computadoras dedicadas a la minería de activos virtuales; estos equipos utilizan su capacidad de procesamiento para resolver operaciones criptográficas que permiten validar transacciones y agregar nuevos bloques a determinadas redes blockchain.
La llamada minería no significa fabricar dinero de manera arbitraria, sino que en redes que utilizan el sistema denominado Prueba de Trabajo o Proof of Work, como Bitcoin, los equipos compiten para resolver problemas matemáticos.
El minero que consigue validar un bloque obtiene una recompensa que puede incluir nuevas unidades de la criptomoneda y las comisiones pagadas por las transacciones incorporadas.
Para llevar a cabo esta actividad se requieren equipos de alto rendimiento, electricidad, sistemas de ventilación o refrigeración y una conexión permanente a internet; por ello, una granja de minería puede operar las 24 horas del día, generar grandes cantidades de calor y ruido y consumir importantes volúmenes de energía eléctrica.
La rentabilidad depende principalmente del precio de la criptomoneda, la dificultad de la red, la capacidad de procesamiento de los equipos y, sobre todo, del costo de la electricidad. En términos simples, los ingresos provienen de las criptomonedas obtenidas por la actividad minera, mientras que los principales gastos son la energía eléctrica, adquisición y desgaste de los equipos, refrigeración, mantenimiento y conectividad.
Precisamente, el consumo energético es uno de los puntos que las autoridades investigan en Tlaola, existe la sospecha de que la instalación pudo haberse conectado de manera irregular a la red de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que si se confirma la sustracción de energía, la operación dejaría de ser una actividad minera legítima para involucrar delitos relacionados con el suministro eléctrico.
Y es que la minería de criptomonedas, por sí misma, no está prohibida en México, existen personas y empresas que llevan a cabo esta actividad de manera legal, siempre que cumplan con las obligaciones fiscales, regulatorias y de suministro eléctrico que correspondan.
Los activos virtuales no son moneda de curso legal en el país, pero su utilización y determinadas actividades relacionadas con ellos están contempladas dentro del marco financiero mexicano.
Por ello, lo que vuelve clandestina una granja no es necesariamente el hecho de minar criptomonedas, sino las condiciones en las que opera; el robo de electricidad, la evasión de obligaciones fiscales o el eventual uso de los activos virtuales para ocultar o dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita son conductas que pueden derivar en investigaciones y responsabilidades penales.
El caso de Tlaola no sería aislado en la Sierra Norte de Puebla, ya que en 2025 fueron intervenidas instalaciones similares en la zona de Nuevo Necaxa y Juan Galindo, cerca de la presa Necaxa, donde también se detectaron irregularidades relacionadas con el suministro de energía eléctrica.
El caso pone nuevamente bajo la lupa a la minería de criptomonedas, una actividad legal y necesaria para el funcionamiento de algunas redes digitales, pero que por su elevado consumo energético puede convertirse en un negocio altamente rentable cuando quienes la ejecutan evitan los costos de electricidad mediante conexiones ilegales o utilizan la infraestructura para actividades delictivas.
