Un nuevo estudio analizó los patrones de consumo global y sus impactos ecológicos bajo el prisma de la desigualdad socioeconómica, ampliando el foco tradicional centrado exclusivamente en el calentamiento global.
Los expertos de las universidades de Leiden (Países Bajos) y Oxford (Reino Unido), autores del informe publicado en la revista científica Nature Communications Sustainability, concentraron su objeto de estudio en el 10% superior de los consumidores globales, definido como la población con ingresos anuales superiores a los 45 mil euros (alrededor de 51 mil dólares).
La investigación evaluó de forma cuantitativa el impacto de este grupo en cuatro de los límites planetarios fundamentales: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación por nutrientes y el uso excesivo de agua dulce.
Geográficamente, el impacto se concentra de manera desproporcionada en las economías occidentales, ya que seis de cada diez integrantes de este estrato socioeconómico residen en Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras que en territorio estadounidense este sector representa a más de la mitad de su población, y en Europa oscila entre el 40 y el 45%, en naciones densamente pobladas como la India apenas alcanza al 2% de sus habitantes, evidenciando una brecha de consumo masiva entre países desarrollados y en desarrollo.
El análisis pormenorizado detalla que la pérdida de biodiversidad constituye el factor que más contribuye a la destrucción ecológica, acaparando entre el 47 y el 56% del impacto global. El cambio climático se posiciona como el segundo elemento más crítico, representando entre el 36 y el 45% de los perjuicios evaluados. Estas estadísticas subrayan, según los investigadores, la necesidad inminente de abordar de forma conjunta e integrada tanto la crisis climática como la de los ecosistemas biológicos.
La factura económica de estos daños ambientales supera con creces los presupuestos internacionales estimados para la mitigación ecológica global. Los costos calculados sobrepasan con holgura los 993.000 millones de dólares anuales estipulados en la cumbre COP para la financiación climática de cara a 2035, así como los 657.000 millones de dólares requeridos para frenar el declive de la biodiversidad fijado para 2030, lo que demuestra que el costo del impacto supera la inversión necesaria para revertirlo.
El documento recuerda que este grupo de altos consumidores posee una capacidad de acción y de influencia institucional desproporcionada, ya que actúan no solo como compradores, sino también como inversores, empleadores y moldeadores del mercado.
Ante este escenario, las conclusiones de la investigación determinan que, si bien la aplicación de principios económicos fiscales es relevante, resulta indispensable la implementación de regulaciones internacionales y normativas jurídicas mucho más estrictas para prevenir directamente el deterioro ambiental.
