Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó, el gobierno federal no actuará en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sin que existan pruebas suficientes que sustenten una acusación formal. Durante la conferencia matutina del 14 de mayo de 2026, la mandataria reveló, Estados Unidos ha rechazado al menos 36 solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición bajo el mismo argumento: falta de evidencia.
Sheinbaum explicó, este antecedente modifica el enfoque del debate público sobre la petición estadounidense. Señaló que, además de extraditar o iniciar un proceso penal en territorio nacional, existe una tercera opción contemplada en el Estado de Derecho: solicitar pruebas que respalden las acusaciones.
"Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo", declaró la presidenta.
???? Claudia Sheinbaum (@claudiashein) insiste en que EEUU debe presentar pruebas de sus acusaciones contra Rubén Rocha Moya.
— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) May 14, 2026
Dice que Estados Unidos también ha rechazado 38 solicitudes de extradición por falta de pruebas.
Afirma que pedir pruebas "no es una decisión política". pic.twitter.com/XUmwZH4kla
La mandataria indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica presentarán el expediente completo de los 36 casos en los que autoridades estadounidenses rechazaron solicitudes formuladas por México. En un primer momento mencionó 38 casos, pero posteriormente corrigió la cifra.
Sheinbaum planteó que el principio de reciprocidad debe regir la relación bilateral y cuestionó cómo reaccionaría Washington si México solicitara la detención de un gobernador en funciones en territorio estadounidense. "Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición", expresó.
La presidenta subrayó que la postura del gobierno no responde a consideraciones partidistas. "Si fuera un gobernador en funciones de otro partido político del que no provenimos, haríamos exactamente lo mismo. Lo mismo", aseguró. La mandataria reiteró que la soberanía nacional y el respeto al debido proceso, sustentados en el artículo 39 de la Constitución, son los criterios que guían la actuación del gobierno federal en este caso.
