El llamado Plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha reabierto el debate sobre la figura de la revocación de mandato, al plantear que este ejercicio se adelante y coincida con las elecciones intermedias de 2027.
La propuesta, enviada al Senado, ha generado posturas encontradas tanto en la oposición como dentro del propio bloque oficialista, al considerar que podría modificar de fondo el sentido original de este mecanismo de participación ciudadana.
La primera experiencia de revocación de mandato en el país se llevó a cabo el 10 de abril de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; en aquella ocasión, apenas participó el 17.78 % de la lista nominal, es decir, alrededor de 16.5 millones de personas.
De ese total, el 91.86 % votó por la continuidad del entonces presidente, mientras que solo el 6.44 % optó por su revocación, entonces, al no alcanzarse el umbral constitucional del 40 %, el resultado no fue vinculante. Pese a ello, el ejercicio fue presentado por el gobierno federal como una muestra de respaldo popular, al destacar que más de 15 millones de ciudadanos apoyaron la permanencia de López Obrador.
En contraste, la oposición cuestionó la consulta al calificarla como un ejercicio de promoción política, señalando además la baja instalación de casillas y la participación desigual entre regiones del país.
La iniciativa de Sheinbaum busca modificar este escenario al permitir que la revocación de mandato se lleve a cabo el mismo día de las elecciones federales y locales, lo que previsiblemente elevaría la participación ciudadana por encima del 40 % requerido para que el resultado sea vinculante.
Además, incorpora un elemento inédito: autorizar explícitamente a la persona titular del Ejecutivo a difundir el proceso y promover el voto a su favor, bajo los términos que establezca la ley.
Desde el gobierno federal, se ha defendido la propuesta como una medida de ahorro presupuestal y de fortalecimiento de la democracia participativa, al evitar la instalación de casillas adicionales y facilitar la participación ciudadana; sin embargo, sus críticos advierten que esta concurrencia podría generar condiciones de inequidad en la contienda electoral, al permitir que la figura presidencial participe de manera directa en un proceso simultáneo de renovación de cargos públicos.
Incluso, dentro de los aliados de Morena han surgido diferencias: el PT ha manifestado reservas sobre la posibilidad de llevar a cabo la revocación en 2027, al considerar que podría afectar el equilibrio electoral y restar competitividad a sus candidaturas, por lo que ha planteado que se mantenga en 2028.
De aprobarse la reforma, México enfrentaría en 2027 una elección de gran magnitud en la que no solo se renovaría la Cámara de Diputados, diversas gubernaturas y congresos locales, sino que también se pondría a votación la continuidad de la presidenta.
A diferencia de 2022, cuando el ejercicio tuvo un carácter más simbólico, el nuevo diseño podría convertir la revocación en un proceso con efectos legales reales, pero también con implicaciones políticas de mayor alcance.
Así, el debate de fondo permanece, si esta modificación fortalece el poder ciudadano al facilitar la participación o si, por el contrario, abre la puerta a que la revocación de mandato se convierta en una herramienta con ventajas para el gobierno en turno dentro de un contexto electoral altamente competitivo.
