El gobernador Alejandro Armenta Mier, ordenó una auditoría integral al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), tras los cuestionamientos por el manejo financiero y la calidad del servicio, tras la salida de su director Gustavo Gaytán Alcaraz, quien permaneció en el cargo durante 13 años.
La revisión estará a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y abarcará tanto la entrega-recepción como el estado de las finanzas del organismo, a la vez, que el SOAPAP deberá comparecer ante la Comisión de Hacienda del Congreso local, en lo que será la tercera rendición de cuentas, pero la primera bajo la dirección de Josefina Morales Guerrero.
El diagnóstico oficial llega en un contexto marcado por lo que distintos sectores han calificado como un “desastre” acumulado durante más de una década, caracterizado por deudas persistentes, deficiencias en el servicio, inconformidad social y opacidad en el manejo de recursos.
La situación actual del SOAPAP tiene antecedentes claros. En 2008, durante el gobierno de Mario Marín, el organismo contrajo una deuda por 2,201 millones de pesos con Banobras para financiar infraestructura hidráulica. Años después, en 2013, la administración de Rafael Moreno Valle optó por concesionar el servicio a la empresa Concesiones Integrales, bajo la marca Agua de Puebla para Todos, con el argumento de que el estado no podía hacer frente a ese pasivo.
La concesión, otorgada por 30 años, transfirió a la empresa la operación del sistema, incluyendo pozos, redes y plantas, pero dejó buena parte de la deuda en manos del organismo público, además, el compromiso de liquidar los pasivos en 2018 no se cumplió.
Desde entonces, SOAPAP ha mantenido una carga financiera relevante. Para 2025, aún registraba adeudos por cientos de millones de pesos, mientras que los recursos recibidos como contraprestación no se destinaron en su totalidad al pago de la deuda, lo que ha generado dudas sobre su uso.
En paralelo, el servicio ha sido objeto de críticas constantes, tan solo en los últimos años se han documentado incrementos tarifarios significativos, miles de quejas ciudadanas, cortes masivos por falta de pago e interrupciones prolongadas en el suministro.
A ello se suman problemas estructurales como pérdidas de agua cercanas al 50 % en la red, cobros por servicios de tratamiento que no siempre se cumplen y una creciente presión sobre los acuíferos del Valle de Puebla.
Los conflictos sociales también han escalado, con comunidades que han denunciado sobreexplotación de pozos, perforaciones irregulares y falta de acceso al agua durante semanas, lo que ha derivado en bloqueos y protestas.
Tras la salida de Gaytán Alcaraz en enero de 2026, el gobierno estatal busca establecer un diagnóstico más preciso sobre la situación del organismo, el propio Armenta ha señalado que la auditoría no tiene fines de persecución, sino de revisión y corrección.
???????? El gobernador de Puebla anunció que se reunirá, próximamente, con la directora del SOAPAP, Josefina Morales Guerrero y le pedirá que lleve a cabo un diagnóstico financiero pic.twitter.com/CFfpbe5gud
— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) March 18, 2026
¿Cómo ha seguido operando entre deudas, mal servicio y conflictos?
La concesión de 30 años sigue vigente y SOAPAP, como ente público, recibe el canon de la empresa privada, pero no ha logrado sanear sus finanzas ni mejorar la red; la infraestructura heredada se deterioró, la empresa invierte lo mínimo mientras factura tarifas altas.
El Congreso impuso comparecencias cada cuatro meses desde 2024, pero los problemas persisten; en octubre de 2025, directivos reconocieron deficiencias y culparon a “conflictos sociales”.
Mientras tanto, la administración estatal ha recurrido al envío de pipas para atender emergencias de abasto, en lo que se define una estrategia de fondo.
Y en el Congreso, diputados prevén cuestionar a los responsables sobre el estado de la deuda, el destino de los recursos, la atención a usuarios y los planes de inversión en infraestructura. El trasfondo del debate, sin embargo, va más allá de lo administrativo. La viabilidad del modelo de concesión, la transparencia en el manejo del sistema y el acceso al agua como derecho siguen siendo temas centrales para miles de poblanos que, más de una década después, continúan esperando soluciones concretas.
