Cada 12 de marzo, se conmemora el Día Mundial Contra la Censura en Internet para denunciar las restricciones al libre flujo de información en el entorno digital.
En México, el panorama es complejo; aunque no hay una censura estatal masiva como en países autoritarios, una combinación de decisiones de plataformas digitales, solicitudes gubernamentales canalizadas por jueces y algoritmos de moderación termina influyendo en qué contenidos circulan y cuáles desaparecen de la red.
De acuerdo con el informe Freedom on the Net 2025 de Freedom House, México obtiene 61 puntos de 100, lo que lo ubica en la categoría de “Parcialmente Libre”, una calificación que se ha mantenido estable en el último año.
Las grandes empresas tecnológicas, como Meta (Facebook e Instagram), Google (YouTube y su buscador), X y TikTok, aplican sus propias normas comunitarias y utilizan algoritmos de inteligencia artificial para detectar y eliminar automáticamente contenido que consideran violatorio de sus políticas, como discursos de odio, desinformación, violencia o spam.
Estos sistemas operan a gran escala y deciden qué contenido se mantiene visible o se elimina antes de cualquier intervención humana o judicial, y cuando existen solicitudes oficiales las plataformas también intervienen.
Reportes de transparencia indican que México figura entre los países de América Latina con más peticiones gubernamentales para retirar contenido; Meta reportó que entre 2019 y 2024 las solicitudes aumentaron 465 %, superando las 10,000 al año en algunos periodos, mientras que Google y otros intermediarios reciben cientos de pedidos relacionados con difamación, privacidad o legislación electoral.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en noviembre de 2024 que plataformas como Google no son responsables del contenido generado por terceros, también determinó que cualquier restricción al contenido debe provenir de una orden judicial y cumplir criterios de necesidad y proporcionalidad.
De igual forma, la Constitución, en sus artículos 6 y 7, prohíbe expresamente la censura previa, y el Estado no bloquea de forma sistemática sitios web ni redes sociales, lo que le otorga al país la máxima calificación en ese indicador dentro del estudio de Freedom House.
No obstante, organizaciones de derechos digitales advierten que hay mecanismos indirectos de presión. Uno de ellos es el uso de demandas por “daño moral” o “violencia política de género” contra periodistas y usuarios, que en algunos casos han derivado en multas, sentencias económicas o incluso embargos de bienes por publicaciones críticas, generando un efecto disuasivo que fomenta la autocensura.
Otro factor es la vigilancia digital, investigaciones internacionales han documentado que México fue uno de los países que más utilizó el spyware Pegasus, con más de 450 posibles objetivos en apenas dos meses de 2019. Además, reformas legales aprobadas en mayo de 2025 ampliaron el acceso gubernamental a datos de geolocalización y registros biométricos de usuarios de telefonía móvil, con controles judiciales limitados.
En abril de 2025, una iniciativa de reforma en telecomunicaciones generó alarma entre organizaciones civiles al proponer que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) pudiera bloquear plataformas digitales completas sin orden judicial.
Más allá del gobierno, los algoritmos de recomendación y moderación de las plataformas se han convertido en un actor central del ecosistema informativo; estos sistemas deciden qué contenidos se recomiendan, cuáles pierden visibilidad y cuáles se eliminan, influyendo en lo que millones de personas ven diariamente.
En comparación regional, México se encuentra por debajo de países como Canadá, Chile y Costa Rica, que superan los 85 puntos y son considerados “Libres” en el informe de Freedom House.
Pero a nivel global, la situación mexicana está lejos de los países con mayores libertades digitales, como Estonia o Islandia, que superan los 90 puntos, pero también dista de regímenes autoritarios donde el control es total, como China, que obtiene calificaciones cercanas a cero.
