Un comando armado de cinco hombres encapuchados irrumpió en la Clínica 7 del IMSS, ubicada en la unidad habitacional San Bartolo, durante la madrugada de este lunes; los delincuentes sometieron y golpearon al guardia de seguridad, lo ataron y saquearon el almacén de la farmacia, llevándose todos los medicamentos controlados disponibles.
Este incidente no es aislado, ya que hay reportes de asaltos a farmacias y clínicas del IMSS que se han repetido en Puebla y otras regiones, alimentados por la demanda de fármacos controlados en el mercado negro.
¿Qué hacen los ladrones con los medicamentos robados?
Los fármacos controlados, como opioides, benzodiazepinas y estimulantes son altamente codiciados por su valor en el circuito ilegal; según expertos en control de drogas, estos medicamentos robados suelen canalizarse al mercado negro, donde se venden a precios reducidos, pero con riesgos elevados para los compradores.
Los delincuentes los distribuyen a través de mercados informales, farmacias irregulares en zonas turísticas del norte del país, o incluso en línea mediante farmacias ilegales que proliferan a un ritmo de 600 nuevas por mes.
Estos medicamentos se utilizan para diversos fines ilícitos, desde la venta directa como falsificaciones de marcas como Oxycodone o Adderall, que a menudo contienen sustancias letales como fentanilo, heroína o metanfetaminas, hasta su integración en redes de crimen organizado que los exportan o los usan para adulterar otros productos.
En zonas fronterizas, se dirigen a turistas estadounidenses, quienes los adquieren sin receta, exponiéndose a sobredosis fatales. Algunos estudios de la Universidad de California en Los Ángeles revelan que el 68 % de las farmacias en ciudades norteñas venden estos productos sin control, y el 27.5 % ofrecen píldoras falsificadas.
Este comercio no sólo genera ganancias millonarias para las mafias, sino que agrava problemas de salud pública, como la adicción y las muertes por sobredosis.
Pero ¿por qué no hay suficiente seguridad en las clínicas?
La vulnerabilidad de las clínicas del IMSS radica en una combinación de factores estructurales; el país enfrenta escasez crónica de medicamentos en el sector público, con 11 millones de recetas no surtidas en 2024 sólo en el IMSS, lo que hace a estos almacenes objetivos atractivos para ladrones.
Recortes presupuestales, monopolios en contratos de suministro y corrupción en la distribución han exacerbado las fallas. Además, las farmacias operan en "zonas grises" regulatorias, con presiones para sobreprescribir y condiciones laborales precarias para los médicos, lo que indirectamente facilita infiltraciones criminales.
A nivel nacional, el crimen organizado ha diversificado sus operaciones hacia el robo de hidrocarburos y ahora medicamentos, aprovechando la debilidad institucional, y aunque el IMSS ha implementado revisiones para combatir colusiones, la inseguridad general subraya la necesidad de mayor vigilancia y recursos.
Este tipo de robo no sólo deja a pacientes sin tratamientos esenciales, sino que resalta la urgencia de reformas con mayor inversión en seguridad, transparencia en compras y combate al mercado negro.
