El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al Gobierno Federal de ejercer una “persecución política" en su contra, iniciada en 2023.
La acción surge tras la resolución de litigios fiscales que obligan a sus empresas a pagar alrededor de 51,000 millones de pesos por adeudos acumulados desde 2007. Pero ¿qué es un perseguido político?
Un perseguido político es una persona que sufre o teme sufrir graves violaciones a sus derechos fundamentales, como detención arbitraria, tortura, desaparición, exilio forzado o restricciones a la libertad de expresión, todas ellas motivadas por sus opiniones, actividades, afiliaciones o críticas políticas, sin que medie un delito común probado.
La definición se basa en instrumentos internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que reconoce como refugiado a quien tiene “temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política”.
En América Latina, tratados como la Convención sobre Asilo Político de 1933 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen a quienes huyen por delitos o motivos políticos, distinguiéndose de delincuentes comunes.
La persecución debe ser sistemática y orquestada por el Estado o actores, con fines de reprimir disidencia o castigar opositores. No incluye delitos comunes como corrupción o evasión fiscal, salvo que se demuestre un uso político del sistema judicial o fiscal para silenciar críticas.
¿Quiénes han sido considerados perseguidos políticos en México?
A lo largo de su historia, México ha registrado diversos episodios catalogados como persecución política, especialmente en contextos autoritarios o de alta conflictividad social.
Durante las décadas de 1960 y 1970, en el periodo conocido como la “guerra sucia”, estudiantes, activistas, líderes campesinos y guerrilleros fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos o ejecutados por el Estado. Casos como los de Rosario Ibarra de Piedra, quien denunció la desaparición forzada de su hijo, o de integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, son reconocidos por organismos internacionales como ejemplos claros de persecución política.
En años más recientes, algunos líderes sociales y comunitarios han denunciado criminalización por su activismo. Figuras como Nestora Salgado, excomandante de la policía comunitaria en Guerrero, y José Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas en Michoacán, fueron considerados por sectores de la sociedad civil como presos o perseguidos políticos, al argumentar que el Estado utilizó el sistema penal para neutralizar movimientos incómodos al poder.
Asimismo, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores locales han denunciado en distintos sexenios hostigamiento judicial o administrativo como forma de presión política, aunque no todos los casos han sido reconocidos oficialmente como persecución política por instancias internacionales.
México ha mantenido una sólida tradición de asilo a perseguidos políticos extranjeros, destacando el exilio republicano español entre 1939 y 1942, cuando más de 25,000 personas huyeron del franquismo y se integraron al país, incluidos intelectuales como Luis Buñuel y José Gaos; en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas otorgó asilo al revolucionario ruso León Trotsky; durante las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980, México recibió a miles de sudamericanos perseguidos por regímenes militares, entre ellos Hortensia Bussi, viuda de Salvador Allende; además, figuras como Pablo Neruda, Víctor Raúl Haya de la Torre, Rigoberta Menchú y Evo Morales han recibido protección del Estado mexicano en distintos momentos.
