Accidente del Tren Interoceánico activa respuesta federal, pero despierta señalamientos por negligencia

El 30 de diciembre de 2025, durante la conferencia matutina del Gobierno de México, autoridades informaron sobre las acciones desplegadas para atender a las personas afectadas por el accidente ferroviario ocurrido en Nizanda, Oaxaca, el 28 de diciembre. Hasta el momento, 36 personas permanecen hospitalizadas en diversas unidades médicas del país.

De acuerdo con los reportes, el personal médico y operativo del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Marina y Pemex continúa proporcionando atención en hospitales de Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Yucatán. Las autoridades confirmaron el seguimiento clínico, psicológico y legal para cada caso.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se otorgó un apoyo económico inicial a familiares de personas hospitalizadas y fallecidas. "Es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan que ellos estar gastando esos recursos, los familiares sobre todo que están acompañando", afirmó.

Asimismo, indicó que el proceso de reparación integral del daño se realizará conforme a las determinaciones de la Fiscalía y las condiciones establecidas por la aseguradora del tren. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y peritos especializados continúan los trabajos de análisis para identificar las causas del accidente.

Desde Oaxaca, el gobernador Salomón Jara expresó: "Abrazamos a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a quienes aún requieren atención o ya se encuentran en recuperación". El gobernador había sido criticado por David Jiménez, dirigente del Movimiento Oaxaqueño de Izquierda Democrática (MOID), por su ausencia en las primeras horas del accidente.

Igualmente, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, informó que se ha establecido contacto directo con las 36 personas hospitalizadas y con las familias de los fallecidos. "Damos seguimiento puntual a cada una de las personas lesionadas con un servidor o servidora pública que está pendiente de los requerimientos". Además, se habilitó una línea telefónica especial para atención y seguimiento.

Zoé Robledo, director del IMSS, explicó: 45 pacientes han sido atendidos en unidades del instituto, de los cuales la mayoría fue dada de alta. También mencionó el traslado de pacientes con requerimientos específicos a hospitales de alta especialidad. Todos reciben atención médica con especialistas, así como apoyo en temas administrativos y familiares.

Por su parte, Alejandro Svarch, titular de IMSS-Bienestar, señaló que se mantienen los recorridos diarios en hospitales, cirugías programadas y atención psicológica clínica intrahospitalaria. A esto se suma el traslado de pacientes con necesidades neuroquirúrgicas a hospitales especializados en Oaxaca y otros estados.

Además, el seguimiento de los casos se coordina con el ISSSTE. Según su representante, Gustavo Reyes Terán, cuatro personas permanecen internadas en la Clínica Hospital de Tehuantepec, mientras que otras tres fueron trasladadas a unidades de mayor nivel de atención.

Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Ambas instituciones trabajan en conjunto para determinar las causas del descarrilamiento mediante el análisis del registrador electrónico del tren, conocido como caja negra.

Mientras tanto, han surgido cuestionamientos en torno a las condiciones de las instalaciones. Una auditoría federal de la ASF señaló deficiencias estructurales en torno a la planeación de obras ferroviarias ejecutadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entre las irregularidades detectadas se mencionó la omisión de materiales esenciales y la falta de definición de secciones completas del trazo ferroviario, lo cual representa una falta a la Ley de Obras Públicas que indica que los proyectos deben iniciar sólo cuando los estudios y programas de ejecución queden concluidos.

Esta situación ha tenido también repercusión en el ámbito político, de la mano del dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, quien solicitó la suspensión de obras públicas relacionadas con personas cercanas a la familia del expresidente AMLO. A partir de la publicación de un audio entre Amílcar Olán, uno de los contratistas de Pemex, del sector salud, del Tren Maya y la refinería Dos Bocas, y Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente, en el cual hablan de posibles consecuencias de un acto de negligencia, Moreno aseguró que dichas construcciones deben ser sometidas a auditorías técnicas externas. (NotiPress)