Este 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales, una fecha elegida simbólicamente porque coincide con el Día de los Derechos Humanos, recordándonos que los animales también merecen respeto y protección.
En ese contexto y pese a que es poco conocida por la mayoría de las personas, existe la Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en la sede de la UNESCO. Este documento establece principios éticos clave, los cuales se resumen en cuatro pilares básicos: derecho a la vida, a la libertad, a no sufrir dolor y a no ser tratados como propiedad.
En Puebla, el maltrato animal es delito desde el año 2020, con penas que van de 6 meses a 8 años de prisión según la gravedad. En 2024 se reforzó la normativa con la llamada “Ley Elena”, que incorporó nuevas conductas como zoofilia, abandono y peleas de perros, además de crear el Instituto de Bienestar Animal (IBA).
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No obstante, la aplicación de estas leyes sigue siendo limitada; aunque los casos han aumentado, pocos prosperan por falta de ratificación de denuncias, recursos insuficientes y dificultades para comprobar la intención del agresor.
La legislación que sanciona el maltrato animal enfrenta un panorama contrastante. Aunque las denuncias han aumentado de manera histórica, la efectividad en su procesamiento sigue siendo baja y los casos que llegan a judicializarse son mínimos.
En 2023, se registraron 130 denuncias; para 2024, la cifra subió a 530, y sólo en el primer trimestre de 2025 ya se contabilizan 807 reportes. Este incremento se atribuye a una mayor conciencia ciudadana y a la difusión de casos en redes sociales.
Sin embargo, sólo una parte de estos reportes se formaliza ante la Fiscalía General del Estado. En 2024, de 530 denuncias, únicamente 39 avanzaron con cargos penales. Este año, de los 807 reportes iniciales, sólo 107 se ratificaron, lo que equivale a unos ocho casos mensuales con posibilidad de llegar a proceso. El resto queda en atención administrativa o se desecha por falta de ratificación en los primeros tres días hábiles.
La Fiscalía General del Estado opera con recursos limitados, escasez de peritos veterinarios forenses y agentes capacitados, además de una carga de trabajo que la mantiene “desbordada”. Probar la crueldad intencional sigue siendo complejo sin evidencia contundente como videos o testigos, lo que provoca que muchos expedientes se archiven por falta de pruebas o desistimiento.
A esto se suma la concentración geográfica de los casos, entre 70 % y 80 % de los reportes proviene de Puebla capital, Tehuacán, Atlixco, San Andrés Cholula y Cuautlancingo, aunque el problema se extiende a 34 municipios. En lo que va de 2025 se han documentado episodios graves, como envenenamientos masivos, agresiones con machete y rescates de refugios en condiciones precarias.
Pese al rezago institucional, sí hay progresos, en 2023 sólo se judicializaron tres casos; para 2025 ya se registró al menos una vinculación a proceso en enero, relacionada con un ataque en Huejotzingo que derivó en prisión preventiva para el agresor. El IBA, por su parte, ha rescatado a cientos de animales y lleva a cabo peritajes para apoyar investigaciones, con 24 diligencias registradas en 2023.
En conjunto, las cifras reflejan un sistema legal que avanza, pero que aún enfrenta profundas limitaciones para garantizar justicia y protección efectiva a los animales.
