La propuesta de José Luis García Parra, coordinador de gabinete del Gobierno de Puebla, para legalizar los arrancones y construir una pista dedicada a dicha actividad, ha encendido un intenso debate en la entidad.
La medida, anunciada como una solución para sacar de la vía pública esta actividad clandestina y de alto riesgo, ha sido recibida con rechazo por parte de organizaciones de seguridad vial y con posturas divididas en el ámbito político.
La propuesta surge tras el aparatoso choque del pasado fin de semana en la Vía Atlixcayotl, que dejó saldo de dos personas muertas, y busca inicialmente utilizar el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc de manera periódica, con planes a futuro de construir una pista de un cuarto de milla para cada fin de semana.
Legalizar y reglamentar las carreras de aceleración es una medida que plantea beneficios en términos de seguridad, pero también riesgos que, según expertos, podrían agravar el problema.
Los pros
El aumento de la seguridad vial. El principal objetivo es sacar las carreras de aceleración de las vialidades públicas, como el Bulevar Hermanos Serdán o la Vía Atlixcáyotl, que son focos rojos.
Al trasladarlas a un espacio controlado, se reduciría el riesgo de accidentes fatales y lesiones a terceros (peatones, ciclistas, otros conductores).
La regulación y medidas de protección. Un acontecimiento legal se haría con protocolos de seguridad obligatorios, como revisión vehicular, uso de equipo de protección y la presencia de personal de emergencia, minimizando los riesgos para los participantes.
La oportunidad turística y económica. El coordinador de gabinete ha señalado que la legalización, junto con la promoción de la Secretaría de Turismo, podría convertir estos eventos en una atracción turística para el estado.
Y la canalización de la actividad, pues ofrece a los aficionados a esta práctica un lugar adecuado y seguro para su “deporte”, evitando que la adrenalina se desborde en las calles.
Pero también hay argumentos en contra
La promoción de una actividad de alto riesgo. Organizaciones como el Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial del Estado han expresado su rechazo, argumentando que legalizar los arrancones promueve el “uso recreativo y peligroso de vehículos” por encima de la seguridad ciudadana.
Un efecto “paliativo” sin solución integral. Especialistas consideran que esta medida es un "paliativo" que no resuelve la raíz del problema. La atracción para muchos es precisamente la sensación de peligro y la alta velocidad en las calles, lo que podría llevar a que los arranques clandestinos persistan.
El mensaje de permisividad. Los críticos dicen que esta acción, sumada a la cancelación de operativos como el Alcoholímetro, podría enviar un mensaje de permisividad a los conductores y representar un "retroceso mayúsculo" en los esfuerzos por reducir la siniestralidad vial.
Pero hay que mencionar que Puebla no sería el primero en ver eventos de carreras de aceleración en un marco legal, aunque podría buscar ser pionero en la implementación de una política pública estatal con el fin explícito de reducir los incidentes en vía pública.
Actualmente hay actos y seriales de arrancones (cuarto de milla) de manera legal y reglamentada en pistas o autódromos de diversos estados del país como la Ciudad de México, Toluca (específicamente en el Centro Dinámico Pegaso, donde hay “Arrancones Pegaso”) y en el Autódromo Monterrey, sede de etapas del campeonato mexicano cuarto de milla.
Estos eventos suelen estar afiliados a organizaciones deportivas y cuentan con protocolos que garantizan la seguridad, pero se diferencian de la propuesta de Puebla, la cual busca enfrentar directamente el problema de las carreras clandestinas en la vía pública con una solución estatal.
No hay un estudio o dato consolidado a nivel nacional en México que pruebe de manera concluyente que la legalización de los arrancones y la apertura de pistas en estados como CDMX, Estado de México (Toluca) o Nuevo León (Monterrey) haya resultado en una disminución directa y cuantificable de los accidentes por carreras clandestinas en la vía pública.
El plan propuesto por el Gobierno de Puebla se distingue porque busca ser una política pública estatal pionera con el objetivo explícito de inhibir y reducir las carreras clandestinas que han causado accidentes fatales en vialidades como la Vía Atlixcáyotl.
