Omisiones, silencio y polarización: así es la CNDH de Rosario Piedra Ibarra

Hace unos días, durante una conferencia de prensa, el presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, exigió la renuncia inmediata de Rosario Piedra Ibarra, como presidenta de la CNDH, acusándola de omisión absoluta y silencio cómplice ante los abusos policiales durante la marcha de la Generación Z.

Piedra Ibarra asumió la presidencia de este organismo el 16 de noviembre de 2019, en un proceso de elección controvertido marcado por acusaciones de irregularidades en la votación del Senado y su cercanía previa al partido Morena, por el que había buscado una diputación.

Su gestión, que culminó con una reelección en noviembre de 2024 para el periodo 2024-2029 pese a ser la peor evaluada en la terna de candidatos, ha sido uno de los temas más polarizados en México.

Incluso ha sido calificada por organizaciones civiles como un periodo de deterioro institucional considerable, marcado por omisiones, falta de independencia y un debilitamiento del papel de contrapeso que históricamente había tenido el organismo.

El Centro Prodh y otras ONG señalan que, pese al incremento de quejas por violaciones a derechos humanos, especialmente en un contexto de creciente militarización, las respuestas de la CNDH han sido mínimas.

Uno de los señalamientos más persistentes se centra en la omisión frente a abusos cometidos por fuerzas armadas. Entre 2020 y 2023, la CNDH recibió 1,664 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional, pero solo emitió 26 recomendaciones graves.

En el caso de la Guardia Nacional, fueron 1,816 quejas y únicamente 13 recomendaciones. Activistas consideran especialmente grave el silencio del organismo ante casos emblemáticos como Ayotzinapa, así como su falta de postura respecto al despliegue militar en tareas de seguridad pública.

Otro punto crítico ha sido la criminalización de activistas y colectivos, particularmente del movimiento feminista. Entre 2020 y 2022, la comisión presentó denuncias contra mujeres que ocuparon instalaciones en protesta por la falta de atención a víctimas de violencia de género.

En 2023, la titular incluso propuso la disolución de la CNDH y su reemplazo por un mecanismo “más cercano al pueblo, postura que fue interpretada por diversas organizaciones como una renuncia a la autonomía institucional.

En el interior del organismo, la crisis también se profundizó, la renuncia masiva del Consejo Consultivo en 2020 y la destitución de tres directores de visitadurías fueron señales del descontento interno. Se sumaron más de 500 despidos y acusaciones de nepotismo y abuso laboral.

Durante este periodo, la emisión de recomendaciones se redujo en 14.9 % con respecto a la administración anterior, lo que organizaciones describen como una caída en la capacidad operativa y en el compromiso con las víctimas.

La falta de independencia frente al Ejecutivo es otro de los señalamientos más recurrentes, críticos apuntan que la CNDH no emitió recomendaciones contra el gobierno federal en temas como desapariciones, feminicidios o agresiones a periodistas, y guardó silencio ante declaraciones oficiales que estigmatizaban a defensores de derechos humanos.

Para colectivos como el Comité Eureka, esta postura representa una traición al legado de Rosario Ibarra de Piedra, quien fundó el movimiento en defensa de personas desaparecidas.

La polémica se agravó en 2024, cuando la titular obtuvo su reelección en el Senado pese a registrar la peor evaluación entre aspirantes y enfrentar acusaciones por la falsificación de cartas de apoyo, incluido un documento atribuido al propio Comité Eureka.

Organizaciones de derechos humanos rechazaron su continuidad por considerar que ha mostrado incapacidad para ejercer su mandato. En redes sociales, las críticas han resurgido, donde activistas y usuarios la señalan de ser “tapadera” en medio de disturbios juveniles y guardar silencio ante denuncias de detenciones arbitrarias.