El asesinato de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, no sólo estremeció a Michoacán: exhibió, una vez más, la profundidad de un Estado que ha perdido el control territorial y político de amplias regiones del país. Lo mataron tras un evento público, en una ciudad donde la presencia del crimen organizado es un secreto a voces. Y, como suele ocurrir en estos casos, las autoridades reaccionaron tarde, mal y con declaraciones que ya nadie cree.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, Michoacán ha sido laboratorio de todas las políticas fallidas en materia de seguridad. La “guerra contra el narcotráfico” se libró ahí con un costo humano y social incalculable. Hoy, bajo el gobierno de Morena, los resultados no sólo no mejoran: se agravan. En los primeros cinco años de la administración federal, México acumula más de 175 mil homicidios dolosos, la cifra más alta en la historia moderna del país. En Michoacán, los asesinatos de funcionarios públicos se han vuelto casi rutinarios. Tan sólo en los últimos cuatro años, siete alcaldes han sido ejecutados:
- Febrero 2022: +Enrique Velazquez Orozco, edil de Contepec
- Marzo 2022: +Cesar Valencia Caballero, edil de Aguililla
- Marzo 2023: +Guillermo Torres, edil de Churumuco
- Junio 2024: +Yolanda Sánchez Figueroa, edil de Cotija
- Junio 2025: +Salvador Bastida, edil de Tacámbaro
- Junio 2025: +Martha Laura Mendoza, edil de Tepalcatepec
- Noviembre 2025: +Carlos Manzo, edil de Uruapan
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, emanado de Morena, ha prometido “coordinación” y “operativos especiales”, pero la realidad lo contradice. Michoacán cerró 2024 con 2,800 homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con municipios enteros bajo el control de grupos armados. En Tierra Caliente, la extorsión —el llamado “pago de piso”— y los cobros ilegales al comercio local han paralizado sectores enteros de la economía. El aguacate, orgullo y motor exportador de Michoacán, enfrenta hoy un entorno dominado por la intimidación criminal y la extorsión.
Para quienes nacimos en Michoacán, como su servidora, esta no es una estadística: es una herida abierta. Yo nací en Uruapan en 1999, crecí en un entorno donde se podía caminar libremente por las calles, visitar los pueblos cercanos y disfrutar de una vida tranquila. Hoy, esa libertad es impensable. Familias enteras viven bajo amenaza. Muchos, como yo, tuvimos que salir para poder estudiar, trabajar o simplemente vivir sin miedo. Lo más doloroso es ver cómo esa normalidad perdida se convirtió en rutina: la gente ya no pregunta por qué mataron a alguien, sino a quién le tocó esta vez.
El caso de Carlos Manzo también desnuda otro problema estructural: la indefensión de los políticos independientes. En un sistema partidista cerrado y autorreferencial, quienes se atreven a desafiarlo son vistos como anomalías, no como ciudadanos que ejercen su derecho a representar. Manzo pidió ayuda en múltiples ocasiones y fue ignorado. No tenía el respaldo de Morena ni de ningún partido tradicional; y, en México, eso equivale a no tener protección. Su movimiento, “El Sombrero”, representaba una rareza democrática en un entorno político asfixiado por el control partidista y la corrupción institucional.
Mientras en otros países los candidatos independientes gozan de garantías, financiamiento equitativo y seguridad pública real, en México enfrentan un laberinto de obstáculos legales —como la recolección de miles de firmas— y, peor aún, una estructura de poder que los margina. El asesinato de Manzo no fue sólo un ataque contra un hombre, sino contra la posibilidad misma de ejercer la política sin intermediarios partidistas.
El nuevo gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, tiene ante sí un desafío monumental: demostrar que la justicia y la seguridad no serán privilegio de partido. Hasta ahora, la respuesta institucional ha sido fría e insuficiente. Si un alcalde que pidió auxilio repetidamente fue ignorado, ¿qué puede esperar el resto de los ciudadanos?
Michoacán no necesita discursos ni promesas: necesita un rediseño total del sistema de seguridad y justicia. Un pacto federal que devuelva al Estado su capacidad de proteger. Si no se hace ahora, lo de Uruapan se repetirá una y otra vez, hasta que gobernar en México sea, literalmente, un acto suicida.
*Socia Fundadora del Despacho Valencia y Asociados, Abogados Penalistas SC
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