Destituye FGE a tres fiscales por señalamientos de corrupción

Destituye FGE a tres fiscales por señalamientos de corrupción

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó este martes, a través de un comunicado, la destitución de los titulares de dos áreas especializadas por presuntos actos de corrupción.

 

La medida, ordenada por la fiscal Idamis Pastor Betancourt, afecta a la Fiscalía de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y la Fiscalía de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI).

 

El comunicado oficial señala lo siguiente:

 

“La Fiscalía General del Estado informa que servidores públicos de las Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) y de Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados (FEIDORPIFR), renunciaron a sus cargos; sin embargo, esta institución procuradora de justicia ha iniciado la indagatoria correspondiente sobre hechos referidos en notas periodísticas.

 

Sobre el particular, es importante mencionar que, hasta el momento, no se ha recibido ninguna denuncia formal por parte de algún agraviado o agraviada. La Fiscalía General del Estado exhorta a que, en caso de haber algún señalamiento en contra de estos servidores públicos o de algún otro funcionario o funcionaria de la institución, se presenten las denuncias correspondientes.

 

Reiteramos nuestro compromiso con el Estado de Derecho, garantizando la protección y paz de las y los poblanos, como parte de una Fiscalía Fuerte, Moderna y Cercana a la Gente”.

 

Los separados del cargo son Miguel Islas (fiscal de la ORPI), Jorge Malvaez (coordinador de ORPI) y Luis Antonio León Delgadillo (titular de la FEIDAI).

 

Las destituciones derivaron de denuncias que señalaron a los funcionarios por manipulación de carpetas de investigación y extorsión en agravio de empresarios de Puebla, entre ellos, el empresario Javier Milian, dueño del 40 Grados y Mamitas, además de socio de gimnasios y restaurantes, quien quedó en libertad por órdenes de un Juez de Control que calificó de ilegal su detención a principios de octubre.

 

La fiscal general, que mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción, decidió la separación de estos mandos medios y no se descarta la posibilidad de que se inicien carpetas de investigación formal en su contra.

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