Tras la devastación causada por la tormenta tropical Jerry en la Sierra Norte de Puebla, la prioridad inmediata ha sido albergar a las familias afectadas en refugios temporales. Sin embargo, esta respuesta marca sólo el comienzo de una crisis humanitaria más prolongada.
Inicia una espera incierta para quienes perdieron su hogar, en una región donde la reconstrucción suele prolongarse durante meses, incluso años, marcada por la falta de recursos, la dispersión geográfica y la desaparición del Fonden.
En México, los desastres naturales como huracanes, sismos, inundaciones o sequías afectan anualmente a miles de familias, dejando pérdidas materiales que incluyen viviendas, enseres y medios de trabajo. Según datos del Cenapred, entre 2000 y 2023, estos eventos generaron impactos económicos por más de 2,357 millones de pesos y un promedio anual de 190 fallecimientos, con daños concentrados en viviendas de bajos ingresos y zonas vulnerables.
Sólo el 5% de las casas en el país cuentan con seguros contra estos riesgos, lo que deja a la mayoría de las familias expuestas y dependientes de la asistencia gubernamental.
La fase de “recuperación temprana” comienza inmediatamente después de la respuesta de emergencia y busca “reconstruir mejor” para reducir vulnerabilidades futuras, según ONU-Hábitat. Sin embargo, en México, la ausencia de una política integral de post-desastre hace que el proceso sea lento y desigual.
Las familias acuden a programas como el Programa Nacional de Reconstrucción de la Conavi, que otorga subsidios para reparación o construcción en zonas afectadas, priorizando comunidades en pobreza patrimonial.
Sin embargo, el tiempo para recuperar una vivienda digna, que cumpla con estándares de habitabilidad, servicios básicos y resistencia a riesgos, según la Ley de Vivienda, varía ampliamente. En promedio, es de 1 a 3 años en casos bien atendidos, pero puede extenderse a 5 o 10 años, o más en zonas marginadas.
La disolución del Fonden como fideicomiso en 2021 ha sido un golpe certero a la respuesta post-desastre. Antes, este fondo liberaba hasta el 80 % de recursos inmediatos para reconstrucción, con reglas claras y plurianuales. Hoy, reemplazado por un "programa presupuestal" en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, los apoyos dependen de censos, expedientes ante Hacienda y reasignaciones anuales, añadiendo de 2 a 4 semanas de demora.
Hoy inicia el censo casa por casa en los cinco estados afectados por lluvias; participan 600 brigadas con tres mil servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar.
— Gobierno de México (@GobiernoMX) October 13, 2025
Llegaremos a todas las viviendas de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. pic.twitter.com/b8BB2f4Q8F
Algunos analistas coinciden en que la extinción de ese Fonden dejó a México “indefenso” ante fenómenos crecientes por cambio climático; con Otis, sólo 13.7 millones de pesos de bonos y seguros cubrieron necesidades, y el gasto recayó en estados que debe cofinanciar el 30 % de subsidios con presupuestos ya estirados.
En 2021, tras el paso del huracán Grace, comunidades afectadas en la misma región tardaron más de seis meses en recibir apoyos para la reparación de viviendas; incluso, muchos damnificados nunca recuperaron su hogar original.
La falta de un mecanismo permanente de financiamiento ha generado respuestas desiguales. Mientras en cabeceras municipales se concentran los apoyos, las localidades más apartadas, donde los caminos quedaron destruidos, enfrentan un abandono prolongado.
