En un intento de reforzar la imagen de “cero impunidad” dentro del partido gobernante, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena expulsó de manera definitiva a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.
La decisión, confirmada por la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, llega después de más de medio año de que Bermúdez Requena fue señalado como funcionario prevaricador y andar a salto de mata; sin embargo, la expulsión genera cuestionamientos sobre su relevancia real en el fortalecimiento del Estado de derecho y su lugar en el historial de sanciones partidistas en México, tan es así que muchos se preguntan ¿eso de qué sirve? o ¿a quién le importan esas expulsiones?
La expulsión de Requena resuena en un contexto de creciente escrutinio sobre la infiltración del crimen en la política mexicana. Para algunos analistas, este tipo de medidas partidistas sirven más para el control interno que para la justicia real, por lo que expulsar a un militante ya preso no resuelve la impunidad estructural; abona al Estado de derecho sólo si va acompañada de reformas judiciales y transparencia en nombramientos de seguridad.
En Tabasco, donde "La Barredora" ha sido responsable de decenas de homicidios y extorsiones, la medida podría calmar las presiones locales, pero críticos opositores la ven como un daño controlado para proteger figuras superiores. Desde el punto de vista institucional, la acción refuerza los mecanismos de rendición de cuentas internos de Morena, que desde 2023 ha aplicado más de 591 sanciones, incluyendo 177 expulsiones por traiciones electorales o corrupción.
Sin embargo, para el INE estas expulsiones no afectan cargos públicos ya ganados ni generan automáticamente consecuencias penales, limitando su impacto en el Estado de derecho, sobre todo en un país donde el 70 % de los mexicanos percibe la corrupción como el principal problema político.
Pero la sanción a Requena no es un hecho aislado, desde la creación del IFE en 1990, los partidos mexicanos han recurrido a expulsiones como herramienta de disciplina interna, a menudo en respuesta a traiciones electorales, escándalos de corrupción o deslealtades ideológicas. Según datos del INE y reportes periodísticos, se estima que al menos 1,500 políticos han sido expulsados o suspendidos de sus partidos entre 1990 y 2025.
El PAN lidera en números, con 878 expulsiones reportadas hasta 2023, principalmente por "deslealtad" durante campañas locales. Le sigue Morena, con 177 en el mismo periodo, enfocado en militantes que apoyaron candidaturas rivales, como en Coahuila 2023. El PRD expulsó a 40 en 2023, mientras el PRI registró 25.
Históricamente, las expulsiones han sido un mecanismo para mantener la cohesión en un sistema donde los partidos han perdido registro entero en 25 ocasiones desde 1990, pero rara vez por conducta individual. En los 90, durante la alternancia priista-PAN, se usaron para purgas ideológicas; en los 2000, para controlar coaliciones, y en la era Morena, para en teoría combatir percepciones de infiltración criminal.
