Estados Unidos enfrenta un posible cierre del Gobierno tras el estancamiento legislativo, sin acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar el presupuesto antes del inicio del nuevo año fiscal. A las 00:01 del miércoles 1 de octubre vence el plazo para que ambas cámaras aprueben una medida presupuestaria que mantenga operativas las agencias federales.
Así, el proyecto temporal de gastos, impulsado por la mayoría republicana en el Senado, no ha logrado avanzar. La bancada demócrata condicionó su respaldo a la inclusión de una prórroga de subsidios en materia de atención médica, cuya vigencia expira a finales de diciembre. En respuesta, el presidente Donald Trump declaró: "Sus ideas no son muy buenas", al rechazar esas modificaciones.
Tras una reunión con líderes del Congreso, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó: "Ahora está en manos del presidente (...) Puede evitar el cierre si consigue que los líderes republicanos acepten lo que queremos". El vicepresidente J.D. Vance consideró que "nos encaminamos hacia un cierre, porque los demócratas no harán lo correcto".
Si no se aprueba una resolución de financiación, múltiples organismos del Gobierno cesarán sus operaciones no esenciales. Según lineamientos federales, la Administración del Seguro Social mantendrá la entrega de cheques, pero suspenderá nuevos trámites y atención directa. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano detendrá el procesamiento de préstamos y garantías, al igual que la Administración Federal de Vivienda, que dejará sin efecto la aprobación de hipotecas.
Las fuerzas armadas continuarán operando, aunque sus integrantes deberán permanecer en funciones sin recibir salario. El personal de agencias como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el control de tráfico aéreo también continuará en servicio sin compensación inmediata, lo cual podría provocar demoras en aeropuertos. La atención médica en bases militares se limitará a casos urgentes.
Igualmente, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) suspenderá inspecciones en sitios de residuos peligrosos y plantas de tratamiento de agua. Además, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) no admitirán nuevos pacientes ni tramitarán subvenciones. Museos del Instituto Smithsoniano y oficinas del Servicio de Parques Nacionales funcionarán de manera parcial o cerrarán según el caso.
Entre las funciones que seguirán activas se encuentran los servicios del Servicio Postal, la Reserva Federal y algunas actividades del Servicio de Impuestos Internos (IRS), gracias a fondos asignados previamente por ley. Sin embargo, el acceso a prestaciones de nutrición, como el programa WIC, podría verse interrumpido si la falta de financiamiento se prolonga.
Según información de la oficina del congresista Lou Correa, publicada en 2023, el Congreso debe aprobar anualmente 12 leyes de asignación presupuestaria para asegurar el funcionamiento del Gobierno. En caso contrario, las agencias federales deben detener las actividades no esenciales. Esa misma fuente reportó que desde 1981 han ocurrido 14 cierres gubernamentales, siendo el más extenso el de diciembre de 2018, cuando el Ejecutivo permaneció cerrado durante 34 días.
Para poner fin a un cierre del Gobierno, el Congreso debe aprobar una nueva ley de financiación, que debe ser firmada por el presidente. Este proceso no puede resolverse de forma unilateral desde el Poder Ejecutivo.
La paralización de funciones públicas genera consecuencias tanto operativas como económicas. Durante el cierre de 2018-2019, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto de 11 mil millones de dólares en pérdidas para la economía estadounidense. (NotiPress)
