El huachicol fiscal es una modalidad del mercado ilegal de hidrocarburos en México que, a diferencia del robo directo de ductos, se basa en la evasión de impuestos y la subdeclaración de volúmenes de combustible importado.
Este fenómeno, en ascenso, se ha convertido en un desafío considerable para las finanzas públicas, y por supuesto de la seguridad nacional.
La importación clandestina
La red de huachicol fiscal opera principalmente a través de la importación de combustibles desde los Estados Unidos. La operación se articula en la frontera norte del país, donde empresas fachada, a menudo creadas con el único propósito de participar en este esquema, declaran a las autoridades aduaneras volúmenes de combustible inferiores a los que realmente transportan.
La diferencia entre lo declarado y lo importado es lo que se comercializa de manera ilegal, libre del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las cuotas de importación correspondientes.
Este método permite a los criminales obtener márgenes de ganancia sustanciales al vender el producto a un precio significativamente menor que el combustible legal.
Los puntos de venta y distribución ilegal en México
Una vez en territorio mexicano, el huachicol fiscal se distribuye y vende a través de una red clandestina. La venta no se limita a puntos de venta discretos. Se puede encontrar en gasolineras con permisos legales, que mezclan el combustible ilícito con el legítimo para aumentar sus ganancias, y en centros de distribución clandestinos que a menudo operan en zonas remotas o de difícil acceso.
Por eso, en territorio poblano, por ejemplo, se han hecho operativos constantes por parte de las autoridades federales, en diferentes estaciones de servicio o gasolineras debidamente instaladas, como el registrado este miércoles 10 de septiembre, en Coronango, San Andrés Cholula y San Miguel Xoxtla.
Te interesará leer: Despliegan operativo simultáneo en gasolineras de la zona conurbada de Puebla
Además, se ha identificado su venta en puntos de venta móviles, a través de pipas que se detienen en áreas de alta demanda, y en tianguis o mercados callejeros, donde se ofrece a transportistas y automovilistas a precios muy por debajo de los de las estaciones de servicio formales.
Las autoridades mexicanas enfrentan una ardua batalla para detectar y combatir esta red. La falta de infraestructura tecnológica para el monitoreo en tiempo real del flujo de combustible y la sofisticación de las redes criminales son obstáculos importantes.
Las instancias gubernamentales implicadas en la detección y combate al huachicol fiscal incluyen:
El Servicio de Administración Tributaria (SAT): Responsable de la auditoría y fiscalización de las importaciones.
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM): Encargada de la supervisión y control del flujo de mercancías en las fronteras.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR): Que apoyan en las operaciones de seguridad y detención de transportes ilegales.
Y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA): Que supervisan el cumplimiento de las normativas del sector energético.
Se sospecha que la red de complicidad abarca a servidores públicos en múltiples niveles de estas instituciones.
La corrupción y el soborno a funcionarios aduaneros, inspectores de la CRE, e incluso agentes de seguridad, son importantes para permitir el flujo ininterrumpido de combustible ilegal.
La naturaleza interinstitucional de esta red de complicidad es lo que hace que su desmantelamiento sea un reto tan complejo.
