El amparo es una de las herramientas jurídicas más poderosas y emblemáticas del sistema legal mexicano. Más que un simple recurso, es un verdadero escudo protector con el que los ciudadanos pueden defenderse de los actos de autoridad que consideren injustos o que violen sus derechos fundamentales, los cuales están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En esencia, el amparo busca restablecer el orden legal cuando un acto de gobierno —ya sea de un juez, un policía, un funcionario o cualquier otra autoridad— vulnera las garantías de una persona.
Si un ciudadano siente que una decisión, una omisión o una ley le está causando un perjuicio, puede recurrir al juicio de amparo para que un tribunal superior revise la actuación de la autoridad y si se comprueba la ilegalidad, ordene que se le restituya en el pleno goce de sus derechos.
¿Cómo y por qué se tramita un amparo?
El proceso para tramitar un amparo es formal y requiere de la presentación de una demanda. Esta demanda debe ser dirigida a un juez de distrito o a un tribunal colegiado de circuito, que son los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de conocer y resolver estos juicios.
La demanda de amparo debe contener, entre otros elementos, los siguientes:
- El nombre y domicilio del quejoso: la persona que solicita el amparo.
- El nombre y domicilio del tercero interesado: si lo hubiera, que es quien podría tener un interés en que el acto de la autoridad subsista.
- La autoridad responsable: la entidad o funcionario que emitió el acto que se considera violatorio de derechos.
- El acto reclamado: la decisión, ley o acción específica contra la que se promueve el amparo.
- Los preceptos constitucionales violados: los artículos de la Constitución que se considera que la autoridad no respetó.
Una vez presentada la demanda, el juez la revisa y, si cumple con los requisitos, la admite a trámite. Durante el juicio se desahogan pruebas, las partes exponen sus argumentos y finalmente, el juez emite una sentencia.
Si la sentencia es favorable para el quejoso, se dice que "se le concede el amparo", lo que obliga a la autoridad a dejar sin efectos el acto reclamado o a actuar en apego a la legalidad.
La razón principal para tramitar un amparo es sin duda, la defensa de los derechos. Es un recurso extraordinario al que se recurre cuando se han agotado otras instancias o cuando la gravedad del acto amerita una protección inmediata.
Si se está por ejecutar un acto que podría poner en riesgo la libertad o la vida de una persona, se puede solicitar una suspensión provisional, una medida cautelar que paraliza el acto mientras se resuelve el juicio de amparo; una orden de aprehensión, por ejemplo.
Aunque el amparo es una figura general, su aplicación se ve en diferentes materias, cada una con sus particularidades.
En materia penal, un ejemplo clásico es cuando una persona es detenida sin una orden de aprehensión o fuera de los supuestos de flagrancia. El detenido o un familiar puede solicitar un amparo contra esa detención ilegal.
También se puede interponer un amparo contra una sentencia penal que se considere injusta o que haya violado el debido proceso. Otro caso común es cuando una persona es víctima de una orden de arraigo o de un acto de incomunicación por parte de las autoridades.
En materia administrativa, los amparos son muy frecuentes. Un ciudadano podría tramitar un amparo contra la clausura injustificada de su negocio por parte de una dependencia municipal, o contra una multa de tránsito que considera ilegal.
También se puede utilizar para impugnar el cobro excesivo de impuestos o para reclamar una omisión por parte de una autoridad, como la negativa a expedir un permiso o licencia que legalmente corresponde.
En materia civil, el amparo se utiliza para impugnar resoluciones judiciales que, en el desarrollo de un juicio, vulneran los derechos de una de las partes. Por ejemplo, una persona que pierde un juicio sobre la propiedad de un inmueble puede interponer un amparo si considera que el juez civil no valoró adecuadamente las pruebas o no aplicó correctamente la ley.
Otro ejemplo es el amparo que se interpone contra la ejecución de un desalojo si se considera que el proceso no se llevó a cabo conforme a la ley.
¿Quién puede tramitarlo?
El amparo puede ser tramitado por cualquier persona física o moral que considere que un acto de autoridad le ha causado un perjuicio. En el caso de las personas físicas, no necesariamente se requiere de un abogado para interponer la demanda en casos de urgencia, como una detención ilegal, donde cualquier persona puede presentar la demanda a favor del detenido.
Sin embargo, para la mayoría de los casos y para llevar a cabo el juicio, se recomienda y es casi indispensable la asesoría y representación de un abogado especializado.
La función del amparo es, en última instancia, ser el contrapeso del poder. Es una garantía constitucional que asegura que la autoridad, sin importar su nivel o jerarquía, no puede actuar de manera arbitraria.
