A partir del 20 de agosto, Estados Unidos implementará un plan piloto que exigirá a ciertos extranjeros el pago de una fianza de entre 5,000 y 15,000 dólares como condición para ingresar al país por negocios o turismo. Con esta medida, el gobierno pretende garantizar que los visitantes regresen a sus lugares de origen en tiempo y forma, y forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.
El programa fue denominado Fianza de Mantenimiento de Estatus y Salida y estará vigente hasta el 5 de agosto de 2026. Según el Registro Federal del Gobierno estadounidense, se aplicará a ciudadanos de países con altas tasas de estadía prolongada de visa o con deficiencias en la seguridad de sus pasaportes y documentos de identidad.
Uno de los principales argumentos del gobierno para justificar esta política es el elevado número de extranjeros que permanecen ilegalmente en Estados Unidos, pues tan solo en 2023, más de 500,000 personas estuvieron bajo sospecha de sobrestadía. El documento oficial señala que muchos de ellos representan amenazas para la seguridad nacional, participan en espionaje o actividades hostiles, y generan costos millonarios para los contribuyentes.
La fianza, conocida como “visa bond”, será determinada por los funcionarios consulares y se perderá si el visitante viola las condiciones de su estatus migratorio, extiende su estadía legal sin justificación o solicita cambios fuera de plazo. Asimismo, las autoridades estiman que el impacto será limitado, ya que los solicitantes deberán primero calificar para la visa y luego decidir si aceptan pagar la garantía económica.
Durante los 12 meses que durará el programa, se espera que aproximadamente 2,000 personas soliciten esta visa. Si cada una paga una fianza promedio de 10,000 dólares, el monto total ascendería a 20 millones, que serán reembolsados si se cumplen las condiciones legales.
Esta no es la primera vez que Trump intenta implementar una medida similar, ya que en 2020 su administración propuso un programa que incluía a países como Afganistán, Irán, Siria y Yemen. Sin embargo, la iniciativa fue suspendida debido a la pandemia de coronavirus.
La nueva versión del programa causó controversia por su carácter restrictivo y por el elevado costo que impone a los viajeros.
