El proceso surge por la investigación de las intermediaciones con la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante la gestión del exmandatario argentino, según medios locales.
Fernández, indagado por segunda ocasión en los tribunales federales de Buenos Aires, fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el juez Sebastián Casanello, que le impuso un embargo de 14.634 millones de pesos (11,4 millones de dólares al cambio oficial).
Junto al exjefe de Estado, que había sido imputado también por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado a raíz de un decreto que firmó el 2 de diciembre de 2021, fueron procesados su exsecretaria presidencial, María Cantero, y su esposo, Héctor Martínez Sosa, un corredor de seguros y acreedor de Fernández en una de sus declaraciones juradas que se quedó con el 42% de los contratos.
Están bajo la mira 45 contratos que el Estado suscribió con Nación Seguros y en los que intervinieron 25 intermediarios, ante la sospecha de que fueron direccionados.
El caso empezó a partir de una auditoría interna que realizó el Gobierno del actual presidente, Javier Milei, en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Fernández está procesado además en otra causa por violencia de género, acusado de los delitos de "lesiones graves" y "abuso de poder y autoridad" en perjuicio de su expareja y ex primera dama, Fabiola Yañez.
