Avanza el reconocimiento facial en México, ¿una amenaza para los derechos ciudadanos?

Los sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos de México avanzan sin un marco regulatorio garantizando la protección de los derechos ciudadanos, advirtió la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales. Según el documento más reciente el despliegue de estas tecnologías representa una amenaza directa a la privacidad, la libertad de expresión y la reunión pacífica.

Dicho informe de R3D, publicado en julio de 2025, señala que estos sistemas operan en estadios, aeropuertos y calles de ciudades mexicanas. Sin embargo, no existe transparencia sobre su funcionamiento o las bases de datos utilizadas. "La ausencia de normas específicas facilita el uso discrecional y opaco de estas herramientas", indicó la organización que desde 2014 monitorea el impacto de las tecnologías en los derechos humanos.

Entre los casos documentados, destaca el uso de la tecnología en reconocimiento facial en eventos deportivos y espacios de tránsito masivo, donde las autoridades justifican su implementación como una medida de seguridad. No obstante, R3D alerta que "estas tecnologías permiten la identificación masiva de personas sin su consentimiento", situación que vulneraría el derecho a la privacidad reconocido por la Constitución mexicana y tratados internacionales.

Asimismo, el informe advierte cómo el monitoreo indiscriminado podría tener un efecto inhibidor sobre la participación en protestas pacíficas y otras formas de expresión pública, al generar temor entre la ciudadanía. R3D enfatiza que la regulación actual es insuficiente y que la recopilación de datos biométricos requiere garantías claras de proporcionalidad, legalidad y necesidad.

En este contexto, la organización llamó a las autoridades mexicanas a establecer una legislación robusta y transparente limitando el uso del reconocimiento facial y garantice mecanismos efectivos de supervisión independiente. "Es fundamental que se respete el principio de rendición de cuentas y que las personas afectadas tengan acceso a recursos legales efectivos", concluyó el informe. (Notipress)