La Haya (Países Bajos).- La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el líder supremo de los talibanes, Haibatulá Ajundzadá, y el presidente de la Corte Suprema afgana, Abdul Hakim Haqqani, acusados por la persecución de niñas y mujeres.
"El 8 de julio de 2025, la Sala Previa al Juicio II de la Corte Penal Internacional (...) ha emitido, en el contexto de la situación de Afganistán, órdenes de arresto para el Sr. Haibatulá Ajundzadá, líder supremo de los talibanes, y el Sr. Abdul Hakim Haqqani, presidente del Tribunal Supremo de los talibanes, quienes han ejercido su autoridad de facto en Afganistán al menos desde el 15 de agosto de 2021", reza el comunicado.
Según la CPI, "hay motivos razonables para suponer que dichos individuos cometieron un crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género, en virtud del artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma".
La Corte estableció que los talibanes implementaron una política de Estado que provocó graves violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos, detenciones ilegales, torturas, abusos sexuales y desapariciones forzadas.
Aunque parte de estas medidas afectaron a toda la población, el régimen dirigió una persecución deliberada contra niñas y mujeres, privándolas de derechos y libertades fundamentales, agrega el comunicado.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, solicitó en enero órdenes de detención contra Ajundzadá y Haqqani.
Según la CPI, Ajundzadá y Haqqani incurren en responsabilidad penal por la persecución de niñas y mujeres afganas, así como de individuos que, según los talibanes, no se ajustaban a sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género, y de individuos que se consideraban aliados de niñas y mujeres.
El movimiento talibán se hizo con el poder en Afganistán en agosto de 2021, tras la retirada de las tropas internacionales y el colapso del gobierno respaldado por Washington.
Desde entonces, los talibanes les quitaron a las mujeres el derecho a viajar, estudiar y trabajar. A finales de 2022, el Talibán prohibió a niñas y mujeres asistir a escuelas secundarias e instituciones de educación superior.
Muchos países y organizaciones internacionales instaron a las autoridades afganas a levantar las restricciones a los derechos de las mujeres.
