La creciente ola de inseguridad que azota a la capital poblana está dejando una huella profunda en la economía local, impactando directamente en la operatividad y la rentabilidad de pequeños, medianos y grandes negocios.
Desde balaceras en concurridos tianguis hasta asaltos a mano armada en establecimientos de comida y la persistente amenaza de la extorsión, la violencia se ha convertido en un factor determinante que frena el crecimiento económico y ahoga la actividad comercial en la ciudad.
El reciente episodio de violencia en el tianguis de Los Lavaderos, donde una balacera irrumpió la jornada comercial, es un claro y doloroso ejemplo de cómo la inseguridad afecta directamente al sector informal, uno de los pilares de la economía poblana.
????????️ Tras el ataque ocurrido en Los Lavaderos, los representantes tianguistas hicieron un llamado a que autoridades refuercen la seguridad, pues esto ha repercutido en sus ventas; además, desmintieron que lo sucedido se debiera a asuntos de narcomenudeo
— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) June 13, 2025
"Los clientes se van, las ventas bajan. ¿Quién va a querer arriesgarse a venir si no hay seguridad?”, comentaban algunos tianguistas en la conferencia de prensa que organizaron el pasado jueves.
Esta percepción de riesgo se traduce en una disminución significativa de la afluencia de compradores, mermando las ganancias de cientos de familias que dependen de esta actividad para subsistir.
La situación no es exclusiva de Los Lavaderos. Otros tianguis y mercados populares en la capital experimentan una dinámica similar, como el Mercado Hidalgo, Unión, Morelos e Independencia, donde la percepción de riesgo aleja a la clientela y obliga a los comerciantes a operar bajo una constante zozobra.
Porque hay que decirlo: si bien se han detectado algunas actividades ilícitas en estos mercados, no todos los comerciantes o locatarios están relacionados con ellas, pero sí resultan afectados.
El sector restaurantero y las taquerías, vitales para el turismo y la vida social de Puebla, también han sido blanco frecuente de la delincuencia. Los asaltos a comensales y empleados se han vuelto una constante en diversas zonas de la ciudad, obligando a muchos negocios a reducir sus horarios de operación, invertir en costosos sistemas de seguridad o, en el peor de los casos, a cerrar definitivamente.
"Hemos tenido que poner cámaras o contratar más personal de seguridad", explicó el dueño de una taquería en el Centro Histórico, quien prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Las pérdidas no solo se contabilizan en el dinero robado, sino también en la inversión en seguridad, la disminución de clientes y el daño a la reputación de los establecimientos.
Apenas la noche del jueves, se vivió un momento de pánico en el restaurante Il Vino de la colonia La Noria, cuando dos individuos armados irrumpieron en el establecimiento para cometer un asalto, en el que despojaron de sus pertenencias a comensales y trabajadores.
Más allá de los asaltos y balaceras, la extorsión se ha consolidado como una de las amenazas más insidiosas para el empresariado poblano. Bajo la figura del "cobro de piso" o "derecho de piso", grupos criminales exigen pagos periódicos a los negocios, amenazando con represalias si no se cumplen sus demandas.
Esta práctica ilegal no solo reduce drásticamente las ganancias de los comerciantes, sino que también genera un ambiente de miedo e incertidumbre que desalienta la inversión y la expansión de negocios.
Cifras y consecuencias: Un panorama preocupante
Si bien las cifras exactas sobre las pérdidas económicas atribuibles directamente a la inseguridad son difíciles de cuantificar de manera oficial y actualizada por parte de las autoridades, diversos organismos empresariales y cámaras han alertado sobre el impacto devastador.
La percepción de inseguridad desincentiva la llegada de nuevas inversiones y la expansión de empresas existentes, limitando la generación de empleo y riqueza. Se estima que un número considerable de pequeños y medianos negocios se ven obligados a cerrar sus puertas anualmente debido a los constantes asaltos, robos y la presión de la extorsión.
Los negocios se ven forzados a destinar una parte significativa de sus ingresos a medidas de seguridad como cámaras, alarmas, guardias privados y sistemas de monitoreo, recursos que podrían ser utilizados para la inversión productiva o la mejora de salarios.
El miedo a ser víctima de un delito reduce la movilidad de los ciudadanos y su disposición a salir a consumir en establecimientos, afectando directamente las ventas.
En un intento por evadir impuestos y gastos operativos, y en ocasiones por no estar registrados y ser menos vulnerables a la extorsión, la inseguridad puede empujar a más negocios a operar en la informalidad, lo que a su vez debilita la base fiscal de la ciudad.
Organizaciones como la Canaco Puebla y la Coparmex han expresado su preocupación constante ante el aumento de los delitos de alto impacto y su repercusión económica.
Aunque no hay un estudio reciente que arroje un monto exacto de pérdidas para Puebla capital, experiencias en otras ciudades del país con niveles similares de inseguridad sugieren que las pérdidas anuales pueden ascender a millones de pesos, afectando tanto a los ingresos directos de los comerciantes como a la recaudación fiscal del municipio.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las empresas poblanas experimentaron una pérdida económica total de 132’081,797 pesos por delitos como robos hormiga y asaltos.
