Escándalo en Guadalajara: funcionaria admite sacrificio de un perro en ritual de santería

Escándalo en Guadalajara: funcionaria admite sacrificio de un perro en ritual de santería

Foto: Freepik

Durante una transmisión en vivo, Naomi Sofía Figueroa Álvarez, exfuncionaria de la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios de Guadalajara, admitió haber participado en un ritual de santería que involucró el sacrificio de un perro con el propósito de “quitar enemigos del camino”, asegurando que “todos van a caer”. La declaración provocó indignación en redes sociales, donde exigieron que se le sancione legalmente.

 

 

Figueroa, quien ingresó al cargo el 18 de marzo de 2025 con un salario mensual de 18,400 pesos y de acuerdo a un comunicado del gobierno de Guadalajara dejó de laborar con ellos el 31 de mayo, alegó que el acto fue parte de su fe religiosa. Sin embargo, colectivos como Animal Héroes y Proyecto S.O.S. solicitaron su destitución inmediata y la apertura de una carpeta de investigación, en consonancia con el Código Penal y la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco, que penalizan el uso de animales en rituales sin excepción alguna, incluso si son de carácter religioso.

 

El caso tomó mayor notoriedad tras revelarse que la exfuncionaria es hija de Susana Priscila Álvarez Hernández, exdirectora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, quien fue sancionada en 2019 por un viaje no autorizado y presuntos desvíos de recursos. Actualmente, Álvarez Hernández labora en el gobierno estatal con una percepción superior a los 50,000 pesos mensuales, lo que generó dudas sobre un aparente nepotismo.

 

 

La gravedad del caso también pone en entredicho la coherencia institucional del área donde trabaja Figueroa, cuya misión principal es promover el respeto y el bienestar comunitario. Su participación en un acto de crueldad animal contradice directamente estos principios y dejó en duda la credibilidad de los criterios de contratación y supervisión en dependencias públicas.

 

De no haber consecuencias, los activistas advirtieron que presentarán denuncias formales ante la Fiscalía del Estado y organizarán protestas para exigir justicia. 

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