Un creciente número de legisladores y organizaciones civiles manifestaron preocupación por la inclusión de una moratoria federal sobre leyes estatales de inteligencia artificial (IA) en el paquete presupuestario promovido por el presidente Donald Trump. La medida, impulsada por republicanos del Comité de Comercio del Senado, podría bloquear normativas locales clave destinadas a la protección del consumidor, los derechos civiles y la regulación de tecnologías emergentes.
Aprobada inicialmente por la Cámara de Representantes dentro del "One Big Beautiful Bill Act", la moratoria impediría durante una década que los estados aprueben leyes específicas sobre IA. Según críticos, el alcance del texto es tan amplio que amenaza con neutralizar normativas sobre redes sociales, discriminación algorítmica, deepfakes y reconocimiento facial, sin establecer un marco federal alternativo que garantice derechos equivalentes.
Ro Khanna, representante demócrata por California, aseguró en entrevista con The Verge que la propuesta "impide que todos los estados del país cuenten con regulaciones básicas para proteger a los trabajadores y a los consumidores". Agregó que el lenguaje utilizado en el paquete podría afectar iniciativas en sectores sensibles como vivienda, salud o educación, al obstaculizar medidas contra contenidos engañosos y decisiones automatizadas sin supervisión.
Organizaciones como Americans for Responsible Innovation (ARI) y el Centro para la Democracia y la Tecnología también advirtieron sobre los riesgos. Un análisis de ARI señala que leyes como la "Ley para detener la explotación de feeds adictivos para niños" en Nueva York podrían quedar sin efecto.
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El documento del Senado incluye además un mecanismo de presión financiera: condiciona el acceso estatal a fondos para infraestructura de banda ancha al respeto de la moratoria. A diferencia de la versión aprobada por la Cámara, también alcanzaría legislación penal.
Jonathan Walter, asesor de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, afirmó que "el lenguaje de la prohibición sobre la toma de decisiones automatizada es tan amplio que realmente no podemos estar 100% seguros de qué leyes estatales podría afectar". También advirtió que el texto podría superar los límites del ámbito de la inteligencia artificial y extenderse a cualquier procesamiento informático.
Los opositores cuestionan que la industria tecnológica haya presionado para frenar regulaciones estatales consideradas excesivas, como la SB 1047 de California, vetada tras objeciones de OpenAI y otras compañías.
Más de 250 legisladores estatales firmaron una carta dirigida al Congreso en la que advierten que "una legislación que interrumpa este diálogo democrático a nivel estatal paralizaría la innovación política en el desarrollo de las mejores prácticas para la gobernanza de la IA".
Khanna insistió en que el Congreso no debería ceder su responsabilidad. "Lo que realmente se está haciendo con esta moratoria es crear el Salvaje Oeste", advirtió, señalando la falta de presión futura sobre el poder legislativo federal para establecer una normativa adecuada. Según el legislador, el riesgo no solo afecta el entorno digital, sino también aspectos tangibles como el empleo, la educación y los derechos individuales. (Notipress)
