A menos de una semana de las elecciones judiciales en México, la comunidad internacional encendió las alarmas por posibles irregularidades e injerencias en el proceso. El próximo 1 de junio, 99,7 millones de ciudadanos están convocados a votar en una jornada inédita, donde se elegirán 881 cargos judiciales mediante voto popular.
Este proceso histórico contempla la participación de más de 2.600 aspirantes, quienes fueron seleccionados entre 3.422 candidatos tras cumplir requisitos legales y profesionales establecidos por comités integrados por los tres poderes del Estado. El método incluyó una evaluación curricular, la redacción de un ensayo, y cartas de recomendación, seguidas de un sorteo para definir a los candidatos habilitados.
La reforma que permitió esta elección fue promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato (2018-2024). En defensa de esta medida, declaró: "Que respondan ante el pueblo". La iniciativa buscó, según sus palabras, combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas en el Poder Judicial.
Pese a estos objetivos, la elección fue objeto de preocupación por parte de gobiernos, organizaciones y entidades internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como asociaciones civiles y jueces en funciones, señalaron posibles riesgos de politización del sistema judicial y pérdida de independencia ante presunta intervención del Ejecutivo y el crimen organizado.
Informes compartidos por el colectivo Defensorxs identificaron al menos 20 candidatos con antecedentes penales o vínculos con grupos criminales. Entre ellos, destaca Leopoldo Chávez, quien fue condenado por tráfico de metanfetaminas y actualmente aspira a juez federal en Durango. En un video difundido, dijo: "Nunca me he presentado como el candidato perfecto".
Francisco Hernández, exmagistrado penal en Jalisco, fue destituido tras denuncias de abuso sexual y corrupción. Él afirma ser víctima de "difamaciones" y pide que "el pueblo lo juzgue". En Chihuahua, Silvia Delgado, exabogada de Joaquín "El Chapo" Guzmán, busca convertirse en jueza penal y sostuvo: "No soy corrupta. No te pueden condenar por haber hecho tu trabajo".
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre investigaciones en curso por presunta injerencia de actores políticos en el proceso. Claudia Zavala, consejera del INE, afirmó: "Debemos respetar el derecho de las y los ciudadanos a decidir con libertad a quiénes quieren como jueces, magistrados y ministros".
El INE recibió denuncias contra el Gobierno de Nuevo León y los partidos Morena y Movimiento Ciudadano por movilización de votantes y entrega de propaganda, acciones prohibidas por la normativa electoral. Hasta el momento, los involucrados no emitieron comentarios al respecto.
Finalmente, las protestas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) generaron tensiones adicionales. El gremio reclama el cumplimiento de promesas laborales y mantiene un plantón en la capital. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó negociar y declaró: "Ahora repiten el mismo discurso que la derecha: que hay que boicotear la elección del domingo". (NotiPress)
