La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfrenta una crisis fiscal debido al gasto excesivo del gobierno anterior. El déficit que alcanzó 5.7 % del PIB, equivalente a 1.66 billones de pesos, refleja un nivel histórico no visto en más de tres décadas, impulsado por un gasto público en el 2024 que creció 7.7 % en términos reales, especialmente en programas sociales, proyectos de infraestructura y gastos electoreros.
Ante tal hecho, diversos analistas han asegurado que la presión sobre las finanzas públicas del país es tan severa que incluso el gasto corriente está comprometido, toda vez que dicho déficit fiscal ha reducido el margen de maniobra.
Es de resaltar que el gasto corriente es una serie de recursos que el gobierno destina al funcionamiento de la administración pública y al mantenimiento de servicios esenciales. Dentro de estos, se contempla el pago a personal, como funcionarios, maestros, médicos, policías y otros empleados del sector público.
Asimismo, al pago a jubilados y pensionados del sector público; gastos operativos como materiales de oficina, medicamentos, combustible, mantenimiento de infraestructura y servicios básicos para hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, entre otros.
El gasto corriente es esencial para mantener la operatividad del Estado y los servicios públicos básicos, así como para mantener los apoyos a entidades públicas, como universidades o gobiernos estatales, para su funcionamiento.
Este déficit es grave ya que podría impactar de manera inmediata e interrumpir el funcionamiento de servicios básicos como salud, educación, seguridad pública y justicia. Además, agravaría aún más la situación que viven actualmente los hospitales sin medicamentos, lo cual afecta directamente a la población.
Como gran parte del gasto corriente es obligatorio para el pago de sueldos, pensiones, servicios básicos y no puede recortarse fácilmente sin consecuencias legales, laborales o sociales, el incumpliendo de estos pagos desencadenaría protestas o paros.
Además, el déficit "electorero” de 1.66 billones de pesos deja un hueco financiero que limita los recursos disponibles para 2025. Con un recorte proyectado de 8.8% en el gasto público, de 9.14 a 8.66 billones de pesos, el gasto corriente enfrenta restricciones severas, ya que 1.02 billones de pesos están comprometidos para programas sociales y proyectos prioritarios, dejando poco margen para operaciones básicas.
Además, está incapacidad de financiar el gasto corriente es señal de una mala gestión fiscal, lo que alarma a inversionistas y calificadoras, provocando que se encarezca el endeudamiento en un futuro, agravando la situación.
Y como cereza del pastel, este déficit provocaría un crecimiento económico limitado, con un PIB proyectado para crecer solo entre 1.3% y 3.0% en 2025.
