El gobierno británico está desarrollando una nueva herramienta tecnológica que tiene la intención de adelantarse a los crímenes violentos antes de que ocurran, se trata de un sistema de predicción de homicidios, basado en algoritmos avanzados que analizan datos de personas ya registradas por el sistema judicial. Según los medios locales, el programa busca identificar a individuos que podrían representar un riesgo elevado de cometer delitos graves, utilizando modelos predictivos alimentados por datos oficiales.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Justicia del Reino Unido y aún está en fase de investigación, sin embargo; su desarrollo está enfocado en evaluar si la combinación de datos nuevos, como los provenientes de registros policiales y de custodia, puede mejorar la eficacia de las actuales herramientas de evaluación de riesgos. De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal es reforzar la seguridad pública mediante una detección más precisa de posibles amenazas, lo que permitiría implementar medidas preventivas más efectivas.
Entre los datos procesados se incluyen información básica como nombres, fechas de nacimiento, género y etnia, además de identificadores que vinculan a las personas con las bases de datos nacionales de la policía. El algoritmo busca patrones comunes entre quienes han cometido homicidios o delitos violentos, con el fin de proyectar comportamientos similares en personas con antecedentes. “El algoritmo revisará las características de los delincuentes que aumentan el riesgo de cometer homicidio”, explicó el Ministerio de Justicia en un comunicado oficial.
Aunque el gobierno asegura que se usarán únicamente datos de personas condenadas o bajo algún tipo de supervisión judicial, organizaciones como la ONG Statewatch alertaron que el programa podría extenderse a personas que no han sido condenadas. Según la ONG, el sistema podría incluir información de víctimas de violencia doméstica, ampliando el universo de análisis y afectando la privacidad de ciudadanos no vinculados directamente con delitos.
Sofia
Lyall, investigadora de Statewatch, es una de las voces más críticas del proyecto, y asegura que estos sistemas “reflejan y perpetúan los prejuicios estructurales” presentes en el sistema judicial. Según Lyall, al alimentarse de datos históricos provenientes de instituciones como la policía o el Ministerio del Interior, el algoritmo podría terminar reforzando sesgos raciales y sociales ya existentes. “Este modelo utilizará datos de instituciones con historial de discriminación y terminará amplificando ese sesgo”, advirtió Lyall.
Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de criminalizar preventivamente a personas con bajo perfil delictivo o a comunidades que ya enfrentan tasas más altas de vigilancia. Los críticos alertan sobre el riesgo de aplicar medidas restrictivas basadas únicamente en proyecciones estadísticas, sin que exista evidencia concreta de intención criminal, este enfoque predictivo, sostienen, podría derivar en un trato desigual hacia sectores vulnerables.
Por su parte, el Ministerio de Justicia intentó calmar las críticas asegurando que el proyecto tiene, por ahora, un fin exclusivamente investigativo, señalando que el sistema penitenciario y de libertad condicional ya utiliza herramientas de evaluación de riesgos, y que esta nueva iniciativa busca explorar si la incorporación de datos adicionales puede mejorar esos modelos existentes.
Mientras tanto, el uso de inteligencia artificial en sistemas judiciales sigue ganando terreno, y el caso británico se suma a una tendencia creciente de los gobiernos para utilizar métodos tecnológicos para anticiparse al crimen.
