En los últimos meses, aunque se tiene registro desde hace algunos años, diversas fiscalías estatales de México han sido blanco de ciberataques, lo que ha generado una creciente preocupación sobre la vulnerabilidad de la información sensible almacenada en sus sistemas.
Estos incidentes, que en muchos casos han derivado en filtraciones masivas de datos, no solo ponen en jaque la seguridad de las instituciones, sino que también afectan directamente a las víctimas, denunciantes y la integridad de los procesos legales.
Hasta el momento, al menos seis fiscalías estatales han sido blanco de ciberataques, los cuales han afectado gravemente su operatividad, la integridad de las investigaciones en curso y la privacidad de los datos de miles de ciudadanos. Entre ellas se encuentran las fiscalías de entidades como Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero y Michoacán, que han experimentado desde fallas en los sistemas web hasta filtraciones de documentos sensibles.
Los ciberataques a las fiscalías no solo buscan desestabilizar las instituciones, sino que exponen datos personales de víctimas y denunciantes, poniendo en riesgo su seguridad y su derecho a la privacidad.
Los delincuentes que llevan a cabo estos ataques logran acceder a una gran cantidad de información crítica, como datos personales, denuncias de delitos, detalles sobre investigaciones en curso, declaraciones de testigos y hasta evidencias relacionadas con los casos.
Uno de los documentos más sensibles que se ha filtrado en varios de estos ataques son los expedientes de denuncias, que contienen información privada y confidencial sobre las víctimas de delitos. Se trata de información clave no solo para el avance de los procesos judiciales, sino también para proteger la integridad física y emocional de las personas afectadas. Cuando estos datos caen en manos equivocadas, se abren posibilidades para la revictimización, el chantaje e incluso asesinatos de testigos y denunciantes.
Cuando los detalles de las investigaciones son expuestos, los criminales pueden adelantarse a las autoridades, desviar pruebas o incluso sabotear las investigaciones, lo que compromete la eficacia de la justicia. Otro factor a considerar son los datos personales de los denunciantes y víctimas. Esto incluye nombres completos, domicilios, números de teléfono, antecedentes familiares y cualquier otro dato sensible. Filtrar esta información puede poner en peligro la seguridad de las personas involucradas y, en algunos casos, comprometer su bienestar físico y emocional.
También está el riesgo para las identidades de informantes o testigos protegidos. Los ataques cibernéticos han puesto en peligro la seguridad de testigos clave en procesos legales, quienes pueden ser objeto de represalias por parte de grupos criminales.
Este tipo de ataques cibernéticos no solo afectan a las instituciones, sino que principalmente perjudican a los ciudadanos. Las víctimas de delitos ven violado su derecho a la privacidad y seguridad, ya que los datos personales en los sistemas de las fiscalías son extremadamente delicados. Los denunciantes también se ven afectados, pues la filtración de su identidad puede tener consecuencias gravísimas si los delincuentes o personas relacionadas con los casos logran obtener la información.
Además, el proceso judicial se ve comprometido, ya que las filtraciones de información pueden generar desconfianza entre los ciudadanos y las autoridades. Esto puede llevar a que las personas no se atrevan a denunciar crímenes por miedo a que sus datos sean expuestos, afectando gravemente el acceso a la justicia. Por ejemplo, la filtración de expedientes de víctimas de extorsión, secuestro y homicidio podría derivar en amenazas e incluso agresiones a personas que sean identificadas como denunciantes.
En Michoacán, se presume que el ciberataque registrado hace unos días no fue para robar información o documentos precisamente, sino para humillar al propietario del sitio, a sus empresas encargadas de la ciberseguridad y para ganar reconocimiento.
En este último caso, se documentó que un hacker identificado como Drakonov tomó control del sitio web y del servidor de la institución mediante el “mass deface” o desfiguración masiva, un ciberataque que altera el contenido original del sitio web. El hacker obtiene el acceso y puede reemplazar el contenido original con mensajes propios. De lo anterior alertó la empresa TPX Security en sus redes sociales, la compañía encargada de la ciberseguridad del sitio de la FGE de Michoacán.
Los ciberataques a las fiscalías estatales reflejan la vulnerabilidad de los sistemas de justicia en México ante las amenazas digitales. Las fiscalías, en muchas ocasiones, no cuentan con los recursos suficientes ni con la capacitación adecuada para proteger sus sistemas tecnológicos.
El desajuste en ciberseguridad dentro de las dependencias gubernamentales es una de las principales causas que permite que estos ataques ocurran. Además, la falta de inversión en protección digital y protocolos de seguridad adecuados hace que las bases de datos sigan siendo un blanco fácil para los delincuentes.
Sin una infraestructura adecuada y medidas de seguridad más estrictas, la confianza en las instituciones de justicia podría seguir cayendo, poniendo en riesgo no solo la seguridad de las personas, sino también el funcionamiento del sistema judicial mexicano.
