En México, uno de los derechos más fundamentales que tiene cualquier persona es la protección a su domicilio, lo que está garantizado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este establece que, en principio, nadie podrá ingresar a un domicilio sin la debida autorización judicial, es decir, sin una orden de cateo. Sin embargo, hay excepciones a esta regla que permiten que las autoridades ingresen a una vivienda sin una orden judicial, bajo circunstancias específicas.
Estas son las excepciones que permiten la entrada sin orden judicial:
En caso de flagrancia: Este es uno de los supuestos más comunes y relevantes en los que la policía puede ingresar sin la necesidad de una orden. La flagrancia se refiere a cuando se comete un delito en presencia de la autoridad o cuando el delito acaba de ocurrir y la policía puede percatarse de ello.
Por ejemplo, si un policía ve que una persona está robando en una vivienda o se escucha una agresión dentro de un domicilio, la autoridad tiene el derecho de ingresar de inmediato para evitar la comisión del delito y proteger la integridad de las personas involucradas.
Riesgo inminente de daño o de fuga: En situaciones donde la policía tiene razones para creer que ingresar a una vivienda evitará un daño grave, como un homicidio, una agresión sexual o una fuga de detenidos, la ley permite que los agentes entren sin una orden de cateo.
Esto se justifica en el principio de prevención, ya que la policía debe actuar rápidamente para evitar que se consuma el delito o que se escape el infractor.
Preservación de evidencia: En casos donde las autoridades sospechan que dentro de un inmueble se están ocultando pruebas relevantes para una investigación en curso y que estas podrían ser destruidas, alteradas o manipuladas si esperan a obtener una orden de cateo, pueden ingresar sin una orden judicial.
Este es un aspecto muy delicado, ya que debe existir una justificación clara de que la evidencia está en riesgo inmediato.
Detención de personas que están en fuga: Si un individuo es perseguido por las autoridades y entra en un domicilio, la policía tiene la facultad de ingresar sin una orden para capturar a esa persona, siempre y cuando haya pruebas de que está siendo perseguido por un delito y no se haya dado tiempo para obtener una orden judicial.
¿Qué se considera allanamiento de morada?
El allanamiento de morada, en términos legales, es el acto en el que una persona, ya sea autoridad o particular, entra sin el consentimiento del propietario o sin una orden judicial debidamente autorizada.
Sin embargo, las excepciones que mencionamos anteriormente no son consideradas allanamiento de morada, ya que están debidamente justificadas bajo la ley. Es decir, no se configura un allanamiento de morada cuando la policía actúa conforme a los principios establecidos en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
No obstante, la autoridad está obligada a ser estricta en su procedimiento. Si se violan los derechos de las personas, como ingresar a un inmueble sin contar con una causa legal justificada, la persona afectada puede impugnar la acción y denunciar a las autoridades por abuso de poder.
Si la policía ingresa a un domicilio sin tener una justificación legal, ya sea por error o abuso de poder, esta acción se consideraría ilegal. Los afectados tienen derecho a presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.
En algunos casos, la persona afectada podría incluso interponer una demanda por violación a sus derechos humanos y exigir la reparación del daño.
Además, hay instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que están habilitadas para investigar y emitir recomendaciones en caso de violaciones a los derechos fundamentales, como la invasión al domicilio sin orden judicial.
A pesar de que la ley establece situaciones específicas bajo las cuales se puede ingresar a un domicilio sin orden judicial, las autoridades deben seguir una serie de protocolos para asegurar que sus acciones no violen los derechos de los ciudadanos.
En cada uno de los casos, deben actuar con el principio de legalidad y, en el caso de flagrancia o de riesgo inminente, siempre contar con las pruebas necesarias para justificar la intervención.
Si bien la Policía tiene el derecho de intervenir en situaciones urgentes para prevenir delitos o salvar vidas, es fundamental que se respeten los límites establecidos por la ley para evitar abusos.
Las autoridades deben estar debidamente capacitadas para identificar los casos en los que realmente es necesaria la intervención y seguir los procedimientos legales apropiados para proteger tanto la seguridad pública como los derechos individuales
