En Puebla, como en muchas otras partes de México, la lucha contra la violencia de género y los feminicidios sigue siendo una de las principales demandas sociales. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, la falta de justicia en numerosos casos de feminicidio ha indignado a la sociedad poblana.
Los crímenes contra las mujeres, especialmente los feminicidios, no solo son un reflejo de la violencia estructural que enfrentan las mujeres, sino también de la ineficacia de un sistema judicial que, en muchas ocasiones, no ofrece respuestas satisfactorias a las víctimas o sus familias.
En los últimos años, Puebla ha sido escenario de casos de feminicidio que han dejado huella en la sociedad y que siguen sin justicia, como el de Monserrat Pérez, una joven que fue asesinada en 2019. La familia de Monserrat y diversos colectivos feministas acusaron a las autoridades de no investigar adecuadamente y de permitir que el caso se alargara indefinidamente.
Este tipo de respuestas por parte del sistema de justicia genera un sentimiento de frustración en las familias de las víctimas y en la sociedad en general, que siente que los feminicidios no se castigan con la severidad que merecen.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en los últimos cinco años se han registrado al menos 90 feminicidios, aunque la cifra podría ser mucho mayor si se toman en cuenta aquellos casos que se catalogaron como homicidios y no se investigaron bajo la perspectiva de género.
Según informes, apenas una parte de estos casos han sido esclarecidos, lo que refleja la grave impunidad que existe en torno a los feminicidios.
Entre 2018 y 2023, solo el 30 por ciento de los feminicidios en Puebla han logrado resolverse satisfactoriamente. Estos datos contrastan con las expectativas de la sociedad que, ante el alza de feminicidios, exige una justicia pronta y expedita, pero que se enfrenta a un sistema judicial que, en ocasiones, muestra reticencia para procesar estos crímenes de manera eficiente.
Además, la falta de perspectiva de género en las investigaciones es otro de los factores que contribuye a la impunidad. En muchos casos, la Fiscalía no considera que la violencia hacia las mujeres debe ser abordada desde una óptica que identifique el contexto de desigualdad y discriminación en el que se dan los feminicidios. Esto, lamentablemente, contribuye a que muchos casos no sean tratados con la seriedad que requieren.
Respecto a 2024, el entonces fiscal general, Gilberto Higuera Bernal, señaló a finales de septiembre que los feminicidios en Puebla se habían esclarecido con “relativa prontitud” en un 70 por ciento, es decir, 7 de cada 10 casos ya habían sido resueltos, pero “nos empeñamos en resolverlos todos”, dijo.
Sin embargo, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Ibero Puebla, para noviembre de 2024, hizo un pase de lista de 49 víctimas de feminicidio que, a la fecha, no han recibido justicia e informó que tenía identificadas múltiples tendencias en los feminicidios de 2024, como el hecho de que en Puebla cada seis días se registra un asesinato por razones de género contra las mujeres.
Las víctimas se encuentran en un rango de edad de 32 a 52 años, aunque la víctima más joven contaba con 14 años. Cabe señalar que, en enero de este 2025, se registró el feminicidio de Génesis, una niña de tan solo 10 años, en el municipio de Cuautlancingo.
Pese a que la sociedad poblana ha protestado en múltiples ocasiones exigiendo justicia para las víctimas de feminicidio y buscando que el gobierno de Puebla actúe de manera más contundente, los avances en la resolución de estos casos han sido mínimos.
Movimientos como el de Ni Una Menos Puebla han sido fundamentales para visibilizar la problemática, organizando marchas, vigilias y actividades que presionan a las autoridades para que no se olvide a las víctimas de feminicidio.
A pesar de la creciente presión social, el gobierno estatal ha afirmado que se está trabajando en la implementación de protocolos para investigar los feminicidios de manera más eficaz.
La Fiscalía General del Estado ha informado que ha capacitado a más de 100 funcionarios públicos en la perspectiva de género y que se están reforzando las investigaciones para esclarecer los feminicidios. No obstante, el número de casos resueltos sigue siendo bajo, lo que hace cuestionar la efectividad de estos esfuerzos.
Recientemente, se ha creado un Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género que pretende brindar atención integral a las mujeres afectadas por la violencia, pero este aún es percibido por muchos como insuficiente, ya que las familias de las víctimas todavía luchan por obtener respuestas claras y rápidas en los casos de feminicidio.
La realidad sigue siendo que las mujeres enfrentan un contexto de violencia constante y, en muchos casos, no encuentran en el sistema judicial la protección ni las respuestas que requieren.
