Luego de que Gerardo Ortiz admitiera haber violado la Ley Kingpin y se convirtiera en un testigo cooperante en un caso que involucra a la disquera DEL Records con uno de los grupos criminales más grandes de México, surge la cuestión de sobre qué trata dicha ley.
Aprobada en 1999 durante el gobierno de Bill Clinton, la Ley Kingping permite que el gobierno estadounidense sancione a cualquier individuo u organización de origen extranjero que mantenga vínculos con grupos criminales, con medidas que van desde la congelación de activos, la aplicación de restricciones comerciales, hasta el bloque de transacciones financieras dentro del territorio estadounidense.
Con esta ley, el gobierno estadounidense ha sancionado a figuras como el cantante Julión Álvarez y al futbolista Rafael Márquez, acusándolos de haber lavado dinero. Sin embargo, para ser sancionado se deben cumplir criterios como:
- Ayudar financieramente a una organización criminal.
- Cometer actos en nombre de un narcotraficante que haya sido designado.
- Haber tenido una participación importante en el tráfico internacional de drogas.
Gerardo Ortiz se declara culpable por dar conciertos a narcotraficantes mexicanos, realizó 19 conciertos más para el promotor vinculado con carteles del narcotráfico este fue sancionado por lavar dinero para el CJNG, haciendo su trabajo y saben para quien trabajan así las cosas!. pic.twitter.com/Dsgmlxiuzr
— Alyx (@AlyxLopezxyz) March 20, 2025
De acuerdo con Ortiz, habría llevado a cabo presentaciones organizadas por un miembro de un grupo criminal al que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene identificado. A pesar de las advertencias del FBI en 2018 sobre la prohibición de trabajar con grupos criminales, el cantante admitió haber participado en al menos 19 conciertos en ciudades como Aguascalientes, Mexicali y Chiapas.
El fiscal federal adjunto, Alexander Schwab, confirmó que ahora Ortiz deberá testificar en contra del director ejecutivo de DEL Records para esclarecer el grado de colaboración de la disquera con los grupos criminales.
Por su parte, la fiscalía sostiene que la disquera mantuvo relaciones con grupos criminales por medio de la organización de conciertos de narcocorridos y utilizó la compra de boletos para lavar dinero.
