En Puebla, la implementación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) ha sido una demanda constante por parte de las mujeres, buscando garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aunque la ley que establece este registro fue aprobada en 2023, su puesta en marcha ha enfrentado retrasos significativos.
Antecedentes y situación actual
Como se mencionó, en 2023, el Congreso de Puebla aprobó la creación del REDAM, con el objetivo de sancionar a quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias. Sin embargo, el Poder Judicial del estado no ha iniciado la creación efectiva de este padrón, dejando a muchas infancias desprotegidas.
Mientras que, para noviembre de 2024, el Congreso local aprobó reformas para armonizar el padrón de deudores alimentarios de Puebla con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, buscando una mayor eficacia en su implementación. Sin embargo, aunque se han dado estos pasos legislativos y se han aprobado exhortos, Puebla aún no cuenta con un registro funcional de deudores alimentarios, y su implementación sigue siendo un desafío pendiente.
Implicaciones del registro
Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la búsqueda de garantizar que los deudores cumplan con sus obligaciones alimentarias
Los deudores alimentarios enfrentarían sanciones legales, como la imposibilidad de participar en cargos públicos o llevar a cabo ciertos trámites administrativos. Además, en Puebla se ha propuesto sancionar a quienes ayuden a ocultar bienes para evadir el pago de alimentos.
El registro actúa como un mecanismo de presión social y legal para responsabilizar a los deudores, disuadiendo futuras conductas similares.
Transparencia en el registro público, que permitiría identificar a quienes incumplen con sus obligaciones, fomentando una cultura de responsabilidad y cumplimiento.
Estadísticas y repercusiones
Sin embargo, las denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia en Puebla han alcanzado niveles históricos. En 2024, la capital poblana acumuló 39.8% de los casos, con 210 denuncias; las Cholulas, San Andrés y San Pedro, registraron 67 denuncias, representando 12.7% del total.
Además, se estima que solo una de cada diez mujeres en Puebla recibe la pensión alimenticia para sus hijos, lo que evidencia la ineficacia de los mecanismos actuales para asegurar este derecho.
Esta situación no solo afecta económicamente a las madres, sino que también tiene repercusiones directas en el bienestar y desarrollo de los menores.
Finalmente, a pesar de los avances, el principal desafío sigue siendo la implementación efectiva y el seguimiento constante del registro. La coordinación entre autoridades locales y nacionales será fundamental para asegurar que el sistema funcione de manera eficiente y cumpla con su objetivo de proteger a los más vulnerables.
En tanto, aunque el registro de deudores alimentarios en Puebla avanza hacia su integración al sistema nacional, aún falta completar su implementación efectiva. Las implicaciones de este registro son significativas, ya que buscan fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se aplican sanciones a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias.
