En los últimos años, un término ha ido ganando notoriedad en México: el de "huachicol fiscal", una expresión que se inspira en el robo de combustible o "huachicol" en los ductos de Pemex, y que se refiere al fraude fiscal que involucra a empresas y particulares que eluden el pago de impuestos, en algunos casos, con prácticas ilegales.
Así como el huachicol en el sector energético tiene un impacto directo en la economía nacional y en la seguridad, el huachicol fiscal socava las finanzas públicas y perpetúa la informalidad y la evasión fiscal y hace alusión al mismo concepto de robo o evasión, pero en lugar de estar relacionado con el robo de hidrocarburos, está vinculado con la evasión de impuestos y la manipulación de declaraciones fiscales.
El término se utiliza para describir el fraude en el que se incurre al ocultar ingresos, facturar de manera falsa o simular operaciones comerciales para reducir o evitar el pago de impuestos. Este fenómeno afecta principalmente a personas morales (empresas) o personas físicas que, al evadir impuestos, perjudican al Estado, que deja de recibir los recursos que corresponden para financiar servicios públicos y el desarrollo de la infraestructura del país.
El huachicol fiscal se lleva a cabo mediante diversas prácticas fraudulentas, como la emisión de facturas falsas, la simulación de operaciones comerciales inexistentes y la omisión de ingresos.
Las empresas o personas físicas venden productos o servicios inexistentes a otras empresas o incluso entre ellas mismas para crear un historial de transacciones y deducir impuestos de manera ilegal. Estas facturas falsas son usadas para evadir el pago de impuestos como el IVA (Impuesto al Valor Agregado) o el ISR (Impuesto Sobre la Renta).
En otras ocasiones, las empresas reportan operaciones comerciales que no se han llevado a cabo. Esto les permite deducir costos o gastos ficticios, reduciendo el monto a pagar por impuestos. También se tiene el uso de empresas fantasmas. Este mecanismo implica la creación de empresas ficticias o, como dice su nombre, "fantasmas"; las cuales no tienen operaciones reales, pero son utilizadas para emitir facturas falsas y lavar dinero.
Las personas o empresas involucradas en este tipo de prácticas pueden evadir grandes cantidades de impuestos, mientras que las empresas de este tipo actúan como intermediarios entre las partes fraudulentas.
Otro aspecto es el de la elusión de contribuciones, que consiste en que las grandes empresas recurren a sofisticados esquemas financieros, como la reubicación de ingresos en paraísos fiscales, para ocultar sus ganancias y evitar el pago de impuestos en México.
Uno de los ejemplos más notorios de “huachicol fiscal” en México fue el caso de La Estafa Maestra, el escándalo que puso al descubierto que diversas empresas “fantasma” habían sido utilizadas para desviar miles de millones de pesos de recursos públicos destinados a programas sociales, mediante el uso de facturas falsas y simulación de servicios.
Un fraude revelado en 2017 por la auditoría de la Secretaría de la Función Pública, y en el que se siguen presentando avances lentos en su resolución.
Otro caso relevante fue el relacionado con los "huachicoleros de las maquilas", quienes utilizaron prácticas fiscales fraudulentas para importar insumos a través de maquiladoras y evadir el pago de impuestos aduaneros y el IVA. Esta red fue desmantelada por las autoridades fiscales y aduaneras, y se descubrió que algunas empresas involucradas habían creado miles de facturas falsas para inflar sus costos de producción, lo que resultó en un fraude millonario.
En la ciudad de Puebla, también se ha documentado el uso de empresas “fantasma” para evadir impuestos mediante el famoso “huachicol fiscal”, especialmente en sectores como la construcción, donde se han identificado múltiples casos de facturación falsa en obras públicas y privadas.
El “huachicol fiscal” no solo representa una pérdida directa para el gobierno, sino que también contribuye a la informalidad en la economía, fomenta la competencia desleal y distorsiona los mercados. El monto exacto de lo que México deja de recaudar debido a estas prácticas fraudulentas es difícil de calcular, pero se estima que el fraude fiscal representa miles de millones de pesos cada año.
Las autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), han intensificado sus esfuerzos para identificar y sancionar a los responsables, pero el fenómeno persiste debido a las sofisticadas técnicas utilizadas por los evasores.
Uno de los efectos secundarios del “huachicol fiscal” es el desincentivo a las empresas y personas honestas que cumplen con sus obligaciones fiscales. La percepción de que algunos no están pagando lo que les corresponde provoca una falta de confianza en el sistema tributario, lo que puede generar más evasión y corrupción.
A través del SAT y otras entidades fiscales, el Gobierno ha implementado diversas medidas para combatir el “huachicol fiscal”, y de las más destacables está la de la facturación electrónica para monitorear en tiempo real las operaciones comerciales y detectar anomalías en las declaraciones fiscales.
Asimismo, se han incrementado las sanciones contra quienes cometen fraudes fiscales. Desde multas severas hasta penas de prisión, el Sistema de Justicia Penal Fiscal y el SAT han reforzado su lucha, pero expertos advierten que aún falta mucho por hacer en términos de transparencia y control, ya que la red de empresas “fantasma” y facturación falsa sigue siendo difícil de desmantelar en su totalidad.
