Este lunes, el gobernador Alejandro Armenta hizo un llamado a los concesionarios de corralones y servicios de grúas que prestan el servicio de arrastre a regularizarse ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).
Lamentablemente, no es la primera vez que se busca atender de manera oportuna este tema y no funciona. En 2020, el gobierno de Puebla exigió a los concesionarios y permisionarios de servicios de arrastre y corralones respetar las tarifas máximas autorizadas por la SMT. Incluso, con el propósito de darle mayor seriedad y regular este servicio, se publicó en el Periódico Oficial las tarifas máximas por el cobro de estos servicios, las cuales se encontraban en el Reglamento de la Ley de Transporte del estado, expedido el 14 de enero de 2020.
Para 2021, nuevamente el gobierno estatal buscó regular este servicio a través de una nueva Ley de Movilidad y Transporte, con la que se pretendía reducir la opacidad en la operación de los servicios de arrastre y depósito vehicular, a través de un tabulador de precios máximos al público.
Pero esta acción no prosperó, ya que para 2023, la SMT anunció que existían más de 100 empresas en busca de una concesión para ofrecer estos servicios e incluso llevó a cabo un proceso de regulación debido a las constantes quejas de automovilistas sobre los abusos en las tarifas de arrastre en administraciones pasadas.
Nuevamente, los esfuerzos de poco sirvieron, ya que en 2024, el Congreso del Estado llevó a cabo una serie de modificaciones a la Ley de Transporte para regular el servicio de grúas y corralones. Entre los supuestos cambios, se establecía que la SMT aplicaría un tabulador de tarifas oficial y, además, sería la única dependencia que podría entregar permisos y concesiones para servicios de grúas de arrastre y corralones.
Y, pues, al parecer dicha modificación le "hizo lo que el viento a Juárez" a los concesionarios de grúas y corralones, por lo que ahora el gobierno encabezado por Alejandro Armenta buscará que se cumpla la ley, y todo parece que esta vez va muy en serio el tema.
De inicio, el mandatario, a través de la SMT, puso un plazo de 7 días, el cual vence el 10 de marzo, para que todos los concesionarios acudan a la dependencia a regularizar su servicio. Y a partir del 11 de marzo, la dependencia iniciará la inspección de estos lugares para constatar que están dentro del marco de la ley o, en su caso, cancelarán la concesión.
