¿Denuncia de desaparición en falso? Estas son las consecuencias legales

Las alertas de desaparición en México son un mecanismo crucial para localizar a personas que han desaparecido en circunstancias inquietantes o de riesgo. Sin embargo, existe un fenómeno preocupante que se ha generado en torno a este proceso: las alertas de desaparición en falso.

Este tipo de denuncias no solo pone en riesgo la eficiencia de las autoridades para resolver casos legítimos, sino que también genera un alto costo en recursos y tiempo. ¿Qué sucede cuando se emite una alerta de desaparición en falso? ¿Cuáles son las consecuencias legales para quienes presentan denuncias falsas? Y todavía más importante, ¿qué impacto tiene esto en las autoridades y el sistema de justicia?

Cuando una persona desaparece bajo circunstancias sospechosas o de riesgo, los familiares pueden recurrir a las autoridades para solicitar la emisión de una Alerta Amber (en el caso de menores de edad) o bien una Alerta de Desaparición.

Estas alertas están diseñadas para movilizar a las fuerzas de seguridad y a la sociedad civil con el fin de localizar a la persona desaparecida en el menor tiempo posible. En Puebla, como en el resto del país, el proceso es gestionado por las autoridades locales y la Fiscalía General del Estado.

Una vez que la denuncia es recibida, las autoridades evalúan si los elementos de la desaparición son suficientes para emitir la alerta. Sin embargo, hay ocasiones en que las alertas se emiten de manera errónea o, en casos más graves, de forma deliberada y falsa.

Esto puede ocurrir cuando los familiares, por diversas razones, presentan una denuncia sin pruebas contundentes o, en situaciones más complicadas, cuando el informe es intencionalmente distorsionado.

En muchos casos, las personas que presentan denuncias falsas de desaparición no consideran las graves repercusiones legales que pueden enfrentar. De acuerdo con el Código Penal de Puebla, el presentar una denuncia falsa es un delito. En el artículo 268 del código, se establece que quien fabrique, altere o presente datos falsos ante una autoridad, con la intención de inducir a la movilización de recursos o la actuación de una investigación, puede ser sancionado con penas de prisión y multas económicas.

Las sanciones incluyen desde 6 meses hasta 3 años de prisión y pueden incrementar dependiendo de los daños que se generen, como la movilización innecesaria de cuerpos de seguridad y la alteración del orden público. Es importante señalar que este tipo de denuncias pueden ser vistas como una obstrucción a la justicia, al restar tiempo y recursos en la búsqueda de casos reales de desapariciones.

Además, la Ley General de Desapariciones Forzadas también establece sanciones a quienes proporcionen información falsa o engañosa en casos de desapariciones, ya que afecta directamente a la eficacia de la respuesta ante situaciones graves de desaparición real.

Cuando una alerta de desaparición es emitida, las autoridades municipales, estatales y federales movilizan recursos considerables en la investigación del caso. Estos recursos incluyen el trabajo de la Policía Municipal, Estatal y, en algunos casos, de la Guardia Nacional, además del uso de tecnología como drones, unidades caninas y patrullajes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, una búsqueda en la que intervienen diversos cuerpos de seguridad puede generar costos de hasta millones de pesos dependiendo de la magnitud de la operación.

Aparte de la movilización de las fuerzas de seguridad, se suman los recursos destinados a las unidades de inteligencia y a los trabajos de campo que los investigadores deben efectuar. En el caso de Puebla, las cifras son más específicas cuando se habla de la FGE Puebla y la intervención de la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas, quienes constantemente llevan a cabo investigaciones de este tipo. El gasto en personal, equipo y tecnología es una parte fundamental del proceso, por lo que una alerta falsa es un golpe directo a estos recursos limitados.

La Alerta Amber, por ejemplo, se utiliza en el caso de menores desaparecidos y tiene un protocolo muy específico que involucra una serie de pasos entre autoridades locales, federales y medios de comunicación. Las movilizaciones e intervenciones tecnológicas que conlleva esta alerta pueden ser costosas, sobre todo cuando no resulta en la localización de la persona.

El impacto de emitir una alerta de desaparición en falso no es solo económico. Los familiares que presentan estas denuncias falsas pueden generar angustia no solo en las autoridades, sino también en la sociedad en general. La ansiedad de la comunidad, que comienza a estar en alerta por un caso que, en realidad, no ha sucedido, genera un ambiente de desconfianza y malestar.

Adicionalmente, el trabajo de las autoridades se ve afectado, pues tienen que lidiar con una gran cantidad de información y casos, a veces sin resultados concretos. Las investigaciones se pueden ver estancadas cuando los recursos se distribuyen entre casos legítimos y denuncias que finalmente se descubren como falsas.

Las motivaciones detrás de una denuncia falsa pueden variar considerablemente. En algunos casos, se deben a malentendidos o falta de comunicación entre las partes involucradas, como en el caso de un niño que se aleja de su hogar y regresa horas después sin avisar. Sin embargo, también existen razones más complejas, como disputas familiares o intentos de manipular el sistema judicial o mediático.

En situaciones más extremas, algunas personas pueden recurrir a denuncias falsas como una manera de obtener atención mediática o como una estrategia para presionar a las autoridades en busca de respuestas ante otros problemas. Sin embargo, es importante destacar que esta práctica no solo pone en peligro recursos, sino que diluye la seriedad y urgencia de los casos genuinos de desaparición.

Y es que, entre el domingo y lunes pasados, se bloquearon tres importantes vías de comunicación en Puebla y la zona conurbada, por el reporte de desaparición, primero de dos adolescentes que supuestamente, habían sido privadas de la libertad en Santa Isabel Cholula, por lo que pobladores de ese municipio tomaron durante horas la autopista y la carretera federal Puebla-Atlixco.

El lunes por la tarde, habitantes de San Felipe Hueyotlipan, bloquearon el acceso de la autopista México-Puebla al Bulevar Carmen Serdán, por la desaparición de otra adolescente de 13 años.

En los dos casos, se dio a conocer que las menores no habían sido privadas de la libertad, tampoco víctimas de algún delito -afortunadamente-, pero hubo afectaciones a terceros mediante el bloqueo de vías de comunicación.

En términos legales, el cierre de calles o avenidas durante una manifestación se encuentra regulado por diversas normativas locales y federales. Según el Reglamento de Tránsito de Puebla, el bloqueo de vías de comunicación puede constituir una infracción si obstaculiza el libre tránsito de los ciudadanos, violando el derecho al paso y la circulación de vehículos y peatones.

Además, el Código Penal de Puebla contempla sanciones para aquellos que cometan actos que afecten la paz pública y el orden, incluidas las obstrucciones de vialidades.

De acuerdo con este código, los manifestantes que cierran calles sin el permiso correspondiente pueden ser sancionados por la Comisión de Tránsito o la Policía Municipal, quienes están facultados para aplicar multas o, en su caso, arrestos por desobedecer las disposiciones del reglamento. El artículo 377 de este código especifica que cualquier persona que cause alteración al orden público a través de bloqueos, enfrentará sanciones administrativas y, en ciertos casos, penales.

Cuando se lleva a cabo una manifestación que cierra las vías, las autoridades municipales tienen la obligación de garantizar la seguridad de los participantes y de la sociedad. Sin embargo, si la protesta se torna ilegal, por ejemplo, cuando no se solicita el permiso pertinente, la Policía Municipal puede proceder con la sanción de quienes se encuentren bloqueando las vías. Las sanciones pueden variar dependiendo de la gravedad de la alteración al orden público, pero van desde multas, hasta detenciones y arrestos.