Un presunto acuerdo matrimonial entre dos adolescentes de 13 años en la comunidad de Huamuchitos, Acapulco, desató una ola de indignación en redes sociales. Mediante una transmisión en vivo a través de Facebook por Producciones Beto el 23 de febrero, quedó en evidencia cómo las tradiciones locales siguen imponiéndose sobre el marco legal que prohíbe los matrimonios infantiles.
La transmisión fue promocionada como un gran evento que estaría amenizado por el grupo musical “Albert” y “El sabor del Barrio”. Sin embargo, mostró a los dos menores vestidos con sus mejores atuendos, y sus caras infantiles no pasaron desapercibidas, generando críticas entre los espectadores de la transmisión.
La #Boda de dos niños en #Acapulco causa polémica
— Noticias Reporte Guerrero (@nreportegro) February 23, 2025
◾La boda o el Arreglo Matrimonial, como tradicionalmente se le llama, Gael y Celia, de apenas 12 añitos de edad, quienes hoy sus padres celebraron la fiesta en #Huamuchitos, zona rural de #Guerrero, ha causado controversia pic.twitter.com/u1ofI4XmpP
A pesar de que la transmisión sufrió de varias interrupciones y pérdidas de calidad, se pudo observar a los familiares de los niños dialogando sobre los términos del acuerdo matrimonial. Esto reavivó el debate sobre los arreglos entre familias, el “robo” de la novia y los matrimonios infantiles que, pese a los esfuerzos legislativos para erradicarlas, persisten en varias localidades de Guerrero.
En abril de 2023, el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma al Código Penal Federal con el fin de sancionar la cohabitación forzada de menores de 18 años. Además, la gobernadora Evelyn Salgado impulsó una iniciativa que fue aprobada por el congreso local, la cual establece penas de cinco a 15 años de prisión para quienes promuevan, gestionen o faciliten este tipo de acuerdos.
Mientras tanto, Salgado no se ha pronunciado al respecto, y únicamente centró su presencia en redes sociales en promocionar eventos conmemorativos del Día de la Bandera. Ante la falta de pronunciamiento de las autoridades, la sociedad y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han expresado su preocupación, exigiendo acciones concretas que garanticen la protección de los menores involucrados.
