En un mundo cada vez más vigilado, las cámaras de videovigilancia se han convertido en una herramienta indispensable tanto para la seguridad pública como para la privada. La proliferación de cámaras en viviendas, negocios y espacios públicos ha generado no solo un aumento en la percepción de seguridad, sino también cuestionamientos sobre la legalidad y regulación de su uso.
En Puebla, la instalación de cámaras de videovigilancia por parte de particulares está sujeta a ciertas normativas y restricciones que buscan equilibrar la privacidad de las personas con la necesidad de protección.
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Este viernes por la tarde, en pleno Centro Histórico, autoridades de los tres niveles de gobierno retiraron 19 cámaras de seguridad instaladas de manera ilegal en 12 puntos estratégicos, tanto en viviendas como en mobiliario urbano propiedad del Ayuntamiento de Puebla. Nadie se adjudicó la propiedad, aunque supuestamente varias de ellas fueron instaladas por comerciantes ambulantes. No obstante, existe la presunción de que también eran utilizadas por algunos grupos delictivos.
En Puebla capital no existe una legislación específica que regule de manera exclusiva la instalación de cámaras de videovigilancia en propiedades privadas. Sin embargo, las disposiciones que afectan la instalación y el uso de estas cámaras se enmarcan en diversas leyes relacionadas con la privacidad, la seguridad pública y los derechos humanos.
Entre las normativas que deben tener en cuenta los particulares, se destacan:
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece que el uso de cámaras para captar imágenes en lugares privados debe respetar los derechos de las personas, particularmente su derecho a la privacidad.
Si las cámaras están grabando espacios públicos o áreas donde no hay una expectativa razonable de privacidad (como la vía pública), el impacto sobre la privacidad de los individuos es mínimo. Sin embargo, en lugares privados, como viviendas o negocios, se debe tener cuidado de no captar imágenes o sonidos que invadan la intimidad de las personas sin su consentimiento.
En el caso de cámaras instaladas en establecimientos comerciales, como tiendas o bancos, se deben cumplir con las regulaciones de seguridad relacionadas con el monitoreo de clientes o usuarios. Las cámaras deben ser visibles, y las personas que ingresan deben ser informadas de que están siendo grabadas, principalmente con fines de seguridad.
En algunos casos, las cámaras pueden ser utilizadas en las inmediaciones de propiedades privadas para fines de seguridad vial, como la grabación de infracciones. No obstante, no está permitido instalar cámaras que graben el tráfico vehicular de manera indiscriminada sin cumplir con los procedimientos legales y permisos pertinentes.
¿Dónde pueden instalarse las cámaras?
Las cámaras de videovigilancia pueden instalarse en áreas privadas, como propiedades residenciales o comerciales, siempre que respeten los límites de la ley en cuanto a la privacidad de las personas. Muchas personas optan por colocar cámaras en las puertas de entrada, en garajes o en áreas exteriores visibles para monitorear posibles accesos ilegales a su propiedad.
En espacios públicos, las cámaras pueden ser instaladas por autoridades municipales o federales con fines de seguridad pública, siempre respetando las normas de privacidad. Las cámaras de tráfico, por ejemplo, están reguladas por el gobierno y tienen un uso restringido al control y la seguridad vial.
Sin embargo, hay ciertos lugares donde su instalación está prohibida o restringida. Instalar cámaras en propiedades ajenas o en el interior de viviendas sin el consentimiento de los afectados está prohibido, ya que vulnera la privacidad de las personas.
Aunque algunas cámaras pueden ser instaladas en espacios públicos, hacerlo sin la debida autorización o sin que existan motivos de seguridad pública puede ser considerado ilegal.
¿Cómo las utiliza la delincuencia organizada?
En el ámbito de la delincuencia organizada, las cámaras de videovigilancia también se utilizan, pero de manera completamente distinta. Si bien las cámaras en propiedades privadas pueden actuar como una herramienta disuasiva contra el crimen, en algunos casos los grupos delictivos las instalan para obtener ventajas estratégicas. En estos escenarios, las cámaras se emplean para monitorear a víctimas potenciales, observar patrullajes policiales o incluso planificar robos o secuestros.
Se han documentado casos en los que bandas criminales instalan cámaras de videovigilancia en propiedades cercanas a las zonas donde operan, para evitar ser sorprendidos por fuerzas de seguridad o para monitorear las rutinas de sus víctimas. Este tipo de uso ilegal no solo agrava la situación de los delitos cometidos, sino que también plantea un riesgo para la privacidad de los ciudadanos.
¿Qué hacer si se observan cámaras sospechosas?
Si un ciudadano identifica cámaras de videovigilancia en lugares donde no deberían estar, o si sospecha que se están utilizando con fines delictivos, puede presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, como la Fiscalía General del Estado de Puebla o la Policía Municipal, como ocurrió con el operativo que se llevó a cabo este viernes 21 de febrero.
