
El registro para recibir distintas modalidades de pensión en México está abierto. Actualmente, la Secretaría del Bienestar entrega apoyos económicos que benefician a adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad y mujeres, los cuales son depositados en la cuenta bancaria que previamente los interesados tramitaron ante el Banco del Bienestar. Sin embargo, este método de pago ha provocado que los familiares de los beneficiarios continúen cobrando los apoyos, aun cuando el titular de la cuenta ya ha fallecido.
¿Hay sanciones para los familiares de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno que continúan cobrando los apoyos después de la muerte del titular de la cuenta?
De acuerdo con las reglas de operación de los programas de la Pensión del Bienestar, cuando un beneficiario fallece, los familiares o el adulto auxiliar que haya sido previamente registrado deben notificar el deceso a la Secretaría del Bienestar para que sea dado de baja del padrón.
Según estas reglas operativas, ningún familiar puede continuar cobrando el apoyo después de que el beneficiario haya muerto. Sin embargo, existen algunas excepciones en las que los familiares continúan retirando el efectivo en el cajero automático por algunos meses más, después del fallecimiento del titular.
No obstante, en caso de que la dependencia detecte que se está llevando a cabo esta práctica, la persona podría enfrentar consecuencias legales muy graves, que podrían ser castigadas con la cárcel.
El delito que la autoridad imputa al responsable es el de fraude, y amerita de tres días a seis meses de prisión o de 30 a 180 días de multa, en caso de que el valor de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario mínimo. Ahora, si el valor de lo defraudado es mayor de 10 pero menos de 500 veces el salario mínimo, la sanción sería de seis meses a tres años de prisión y multas que van de 10 a 100 veces el salario.
La pena más fuerte se aplica a aquellas personas que hicieron retiros que sobrepasan las 500 veces el salario mínimo, ya que van de tres a 13 años de prisión y multa de hasta 120 veces el salario mínimo.
¿Por qué el gobierno no se da cuenta cuando una persona que recibe un programa social ha fallecido?
Pueden existir varias razones por las cuales se presenta este escenario. En primera instancia, la falta de comunicación es uno de los puntos clave. La notificación de la muerte de una persona no llega de inmediato a las autoridades correspondientes debido a la falta de un sistema de notificación automatizado.
De igual forma, los sistemas de información del gobierno no están integrados, lo que dificulta la actualización de la información en tiempo real. Y, como sucede en estos casos, el gobierno depende de la autodeclaración de los beneficiarios, por lo que si la persona fallecida no tiene un familiar o representante que notifique su muerte, el gobierno puede no enterarse.