En los últimos días, el caos ha invadido las carreteras de México, especialmente en el Estado y la Ciudad de México, debido a una serie de bloqueos organizados por transportistas que exigen mayor seguridad en las vías. Esta situación ha despertado un intenso debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y el impacto que estas manifestaciones tienen en la vida diaria de los ciudadanos.
Los bloqueos no solo han causado retrasos significativos en los traslados, sino que también han tenido repercusiones económicas. Se estima que las pérdidas por bloqueos anteriores, como el de la carretera México-Puebla en agosto del 2024, alcanzaron cifras millonarias debido a la interrupción de cadenas de suministro y cancelaciones en el sector turístico.
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Libertad de protesta vs. derechos de otros
En primer lugar, es importante contextualizar el derecho a la protesta en un Estado democrático. La libertad de expresión y la manifestación son derechos fundamentales en cualquier sociedad que se rige por principios democráticos. Este derecho permite que los ciudadanos expresen su descontento con las políticas públicas, las injusticias sociales o cualquier otro tema que les preocupe.
Sin embargo, este derecho no es absoluto y puede ser restringido para proteger los derechos de los demás. En este caso, las manifestaciones han llevado a una situación donde muchos ciudadanos se ven impedidos de cumplir con sus obligaciones diarias, generando frustración y descontento.
Vialidades hidalguenses colapsaron por un bloqueo de transportistas que exigen justicia por un caso de presunto abuso a dos menores. #Hora21 con @JLANoticias | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/zUqI3hdjql
— N+ FORO (@nmasforo) February 20, 2025
A continuación, se presentan los principales límites y consideraciones que deben tenerse en cuenta respecto a este derecho.
Carácter Pacífico. Para que una protesta esté protegida, debe ser pacífica, sin incitación a la violencia, hostilidad o discriminación. Las autoridades deben permitir que las protestas pacíficas continúen, incluso si son caóticas o disruptivas.
Asimismo, los manifestantes que cometen actos violentos no están protegidos por el derecho a la libertad de reunión pacífica, y las autoridades pueden imponer sanciones proporcionales.
El derecho a la protesta no protege la apología del odio que incita a la violencia, la hostilidad o la discriminación, por lo que los Estados pueden restringir las protestas que propaguen este tipo de mensajes.
La manifestación de las ideas no debe atacar la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público.
Los recientes bloqueos en las carreteras reflejan una problemática compleja donde se entrelazan las necesidades urgentes de un grupo específico con los derechos y necesidades del resto de la población. Por lo que, será esencial encontrar un equilibrio que permita a los transportistas expresar sus demandas sin afectar desproporcionadamente a otros ciudadanos. La búsqueda de soluciones efectivas debe ser una prioridad para las autoridades para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
