La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil para que las instituciones de Seguridad Pública tengan acceso total a ella y obtengan datos de prueba, con el objetivo de combatir delitos como extorsión y secuestro.
Dicha iniciativa ha generado preocupaciones, ya que es considerada una vulneración a la privacidad de los usuarios, pues implica la recopilación y almacenamiento de datos personales sin el consentimiento explícito de los mismos. De hecho, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares establece que los datos personales deben ser protegidos, y que su recopilación y almacenamiento deben llevarse a cabo con el consentimiento explícito de los titulares de los datos.
Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 16 que "toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, y a acceder, rectificar y cancelar los mismos". Por lo tanto, la creación de este registro nacional de usuarios de telefonía móvil sin el consentimiento explícito de los usuarios y sin las debidas garantías de protección de datos personales puede ser considerada una vulneración a la privacidad y a los derechos fundamentales.
Esta es la segunda ocasión que el gobierno federal busca aplicar esta ley. En 2021, el proyecto de Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), propuesto por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, buscaba crear un registro de líneas telefónicas móviles asociados a los datos biométricos. Sin embargo, el proyecto fue suspendido en abril de 2022 después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declarara inconstitucional, debido a que vulneraba el derecho a la privacidad y la protección de datos personales.
Su implementación fue cuestionada por organizaciones civiles y expertos en derechos digitales, quienes argumentaron que el registro de usuarios de telefonía móvil no detendría las extorsiones ni los secuestros, y que los delincuentes podrían burlar las estipulaciones utilizando tarjetas de otros países, clonando o duplicando las tarjetas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente dictaminó que el Panaut era inconstitucional, gracias a una impugnación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo que desaparecerá el próximo mes de marzo, debido a que representaba un riesgo al derecho a la privacidad y la intimidad.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias, si tomamos en cuenta que hasta con IA ya hacen fraudes por teléfono?
Las consecuencias de crear un registro nacional de usuarios de telefonía móvil podrían ser graves y de largo alcance. Los delincuentes podrían acceder a información personal y financiera, lo que aumentaría el riesgo de fraudes y estafas. A esta problemática hay que sumarle que la inteligencia artificial (IA) ya es utilizada para cometer fraudes por teléfono, lo que podría proporcionar a los delincuentes más información para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Además, este registro podría ser vulnerable a ciberataques, lo que podría comprometer la información personal y financiera de los usuarios.
Expertos en el tema aseguran que no es necesario que el gobierno federal tenga un registro nacional de usuarios para combatir las extorsiones o secuestros, ya que las organizaciones dedicadas a estos delitos utilizan otros mecanismos, comunicándose a través de mensajería cifrada como Telegram, Signal o Sessions, muchas veces a partir de números SIM virtuales que posteriormente son desechados.
