El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Washington y sus aliados, incluido Israel.
"EEUU impondrá consecuencias tangibles y significativas a los responsables de las transgresiones de la CPI, algunas de las cuales pueden incluir el bloqueo de propiedades y activos, así como la suspensión de la entrada a EEUU de funcionarios, empleados y agentes de la CPI", reza el decreto.
Las supuestas "transgresiones" de la CPI incluyen la apertura de investigaciones contra personal de EEUU y sus aliados, agrega el texto.
"La CPI no tiene jurisdicción sobre EEUU ni Israel, ya que ninguno de los dos países es parte del Estatuto de Roma ni miembro de la CPI. Ninguno de los dos países ha reconocido jamás la jurisdicción de la CPI, y ambas naciones son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de la guerra", dijo Trump en la orden.
El presidente también dijo que las acciones de la corte contra EEUU e Israel "sientan un precedente peligroso" al exponer al personal de los países a "acoso, abuso y posible arresto".
La CPI dictó órdenes de detención a finales de noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Galant (2022-2024) por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
El pasado 9 de enero, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó un proyecto de ley sobre sanciones contra la CPI por las acciones de la institución contra los dirigentes de Israel.
Según dicho proyecto, EEUU podrá imponer sanciones a quien investigue, arreste, detenga o procese a ciudadanos estadounidenses o a funcionarios de un Estado aliado, incluido Israel y Japón, los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y Taiwán.
Al respecto, la CPI advirtió que las posibles sanciones de EEUU contra el tribunal podrían obstaculizar sus investigaciones y afectar la seguridad de las víctimas.
La Corte reafirmó en un comunicado su compromiso de mantener y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y de preservar su integridad pese a cualquier amenaza o medida contra el tribunal, sus funcionarios, su personal y quienes cooperan con él.
