El robo a usuarios del transporte público es un fenómeno que ha crecido en las últimas décadas en Puebla, especialmente a manos de ‘carteristas’ que aprovechan la aglomeración de personas para sustraer pertenencias de manera rápida y sigilosa.
Esta problemática no solo pone en evidencia la inseguridad en el transporte público, sino también las tensiones entre la ciudadanía y las autoridades sobre el manejo de la situación y la posibilidad de llevar a cabo arrestos por parte de los afectados.
Sin embargo, como tal, no se han registrado arrestos, sino acciones en las que los usuarios del transporte público se percatan del robo, bajan a los delincuentes por la fuerza en el mejor de los casos y, en otros, se les van encima a golpes… Pero, al momento de proceder legalmente contra estos sujetos, desisten.
Una de las dudas más comunes entre los ciudadanos es si tienen la facultad de detener a los delincuentes que operan dentro del transporte público. La respuesta, según la legislación vigente, es que los ciudadanos sí tienen la posibilidad de llevar a cabo una detención ciudadana, pero bajo condiciones muy específicas.
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De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona puede aprehender a un delincuente in fraganti (cuando está cometiendo el delito), pero solo podrá retenerlo hasta que lleguen las autoridades competentes, es decir, la policía.
Sin embargo, es importante destacar que cualquier acción tomada por un ciudadano en este sentido debe ser proporcional y evitar el uso de la fuerza excesiva, ya que puede derivar en consecuencias legales para quien hace la detención si no actúa conforme a la ley.
En este sentido, aunque la ley permite que los afectados por el robo detengan a los delincuentes, es recomendable evitar el enfrentamiento físico directo, ya que puede poner en riesgo la integridad de las víctimas y de los demás pasajeros.
Conscientes de la creciente preocupación por los robos en el transporte público, las autoridades de Puebla han implementado diversas estrategias para reforzar la seguridad. Entre las medidas más destacadas se encuentran la instalación de cámaras de seguridad en unidades de transporte (compromiso que no todos los concesionarios han cumplido), así como la presencia de elementos de seguridad pública en algunas rutas de mayor afluencia.
El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla han incrementado la vigilancia mediante patrullajes en zonas estratégicas. Además, en los últimos años, se han intensificado los operativos de revisión de vehículos de transporte público, especialmente en horas pico, con el fin de prevenir los delitos.
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Por otro lado, la implementación de aplicaciones móviles y botones de pánico en algunas unidades de transporte (las menos, y en algunos casos ni siquiera funcionan) ha buscado ofrecer una vía rápida para que los usuarios puedan alertar a las autoridades en caso de ser víctimas de un robo o cualquier otro delito. Sin embargo, el desafío sigue siendo el alto número de unidades sin vigilancia constante y la sobrecarga en el transporte público.
Si bien las detenciones ciudadanas pueden ser útiles en algunos casos, es esencial seguir los protocolos legales para evitar complicaciones mayores.
Mientras tanto, se espera que las autoridades continúen con sus esfuerzos para mejorar la seguridad en el transporte público, implementando más medidas de prevención, aumentando la presencia policial y promoviendo una mayor cooperación entre las empresas de transporte, la policía y la ciudadanía.
La seguridad en el transporte público es una tarea de todos y, aunque los ciudadanos pueden actuar en defensa propia, lo más recomendable sigue siendo alertar a las autoridades y permitir que ellas se encarguen de la situación.
Los casos virales
En días recientes, se han viralizado casos de usuarios del transporte público, en particular en la ruta 45-A y la Línea 2 de RUTA, en un paradero de la colonia Prados Agua Azul. En estos casos, los pasajeros golpearon y bajaron a los delincuentes del vehículo al percatarse de que ya habían robado equipos de telefonía móvil.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no cuenta con denuncias al respecto, y es que el ‘acto de justicia’ se queda ahí: en confrontar al o a los delincuentes, pero no proceder en su contra. Unas veces porque supone la ‘pérdida’ de tiempo en el Ministerio Público y otras porque los afectados temen represalias, aunado a la desconfianza en las autoridades.
No obstante, a finales del año pasado, se reportó la detención de tres ‘carteristas’ en un paradero de la Línea 3 de RUTA, ya que los usuarios los retuvieron y entregaron a elementos de la Policía Estatal en inmediaciones del Bulevar 5 de Mayo.
Las autoridades consideran que es más fácil asegurarlos en las diferentes líneas de RUTA, porque las paradas están bien determinadas, a diferencia de otras rutas de transporte público.
En un incidente ocurrido en la colonia Valle del Sol, un usuario logró atrapar a un hombre que había intentado sustraerle su cartera en una unidad de transporte. El individuo, al verse atrapado, intentó escapar, pero fue retenido por el usuario hasta que llegó la policía. Las autoridades señalaron que es importante evitar confrontaciones físicas para garantizar la seguridad de todos.
Estos incidentes reflejan la frustración de los usuarios ante la falta de una respuesta inmediata de las autoridades, pero también muestran una creciente disposición de los ciudadanos a no permitir que los delincuentes se salgan con la suya.
No obstante, se hace un llamado a la prudencia y a la cooperación con las autoridades, en lugar de asumir el rol de “justicieros”, como ha sucedido en otros casos registrados en el Estado de México.
