Donald Trump regresa a la presidencia de los Estados Unidos con un plan de acción que promete transformar el panorama político, económico y social del país. De acuerdo con el magnate, en su primer día en el cargo firmará más de 50 órdenes ejecutivas, entre las que destacan medidas en torno a políticas migratorias, cambios en la estructura gubernamental y reformas que buscan cumplir las promesas hechas durante su campaña presidencial.
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Una de las primeras acciones será la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, con el fin de reforzar su postura contra la migración irregular y el tráfico de drogas. Trump dejó claro que su objetivo es implementar un programa de deportación masiva, el mayor en la historia del país, expulsando a millones de migrantes sin autorización legal. Para ello, planea contar con el apoyo del ejército y asignó a Tom Homan, ex director interino de Inmigración y Control de Aduanas, como el nuevo “zar de la frontera”.
Además, el presidente electo señaló que buscará modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un principio consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. La medida contraviene la interpretación actual de la ley y exigirá que al menos uno de los padres del niño nacido en territorio estadounidense sea ciudadano o residente legal para que este pueda obtener la ciudadanía.
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En el ámbito económico, Trump anunció su intención de imponer un arancel del 25 % a todos los productos importados desde México y Canadá. Esta medida, según el mandatario, se mantendrá vigente hasta que ambos países tomen acciones concretas para detener el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, y la inmigración irregular hacia Estados Unidos. La medida generó reacciones de preocupación por parte de los gobiernos involucrados, quienes advirtieron que responderán con medidas similares si los aranceles son implementados.
Trump también manifestó su compromiso de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en un plazo de 24 horas, aunque no reveló detalles sobre cómo alcanzaría este objetivo. Evitando tomar una postura clara a favor de cualquiera de los bandos, el mandatario designó a un enviado especial, el teniente general retirado Keith Kellogg, con el fin de liderar los esfuerzos diplomáticos en la región. Según Kellogg, se espera que la guerra termine en un máximo de 100 días.
En cuanto a lo ambiental, Trump prometió desmantelar las políticas climáticas de la administración Biden, que considera "atrocidades del Nuevo Acuerdo Verde". Entre las medidas se encuentra el recorte los fondos destinados a las disposiciones climáticas de la Ley de Reducción de la Inflación y eliminar las regulaciones que fomentan el uso de vehículos eléctricos.
A pesar de que el "Nuevo Acuerdo Verde" nunca fue aprobado como ley, Trump sigue utilizando este término para criticar las iniciativas medioambientales impulsadas por los demócratas.
Entre las reformas estructurales, destaca la reinstauración de la política “Schedule F”, que permitiría reclasificar miles de empleos en el servicio civil federal, facilitando la contratación de personas alineadas con su agenda. Esta medida tiene como objetivo asegurar que las políticas de su administración se implementen sin resistencia dentro del aparato gubernamental, y se considera un intento de limitar la influencia de funcionarios permanentes que podrían oponerse a sus decisiones.
Además, Trump propuso otorgar tarjetas de residencia permanente a los estudiantes extranjeros que se gradúen en universidades estadounidenses, incluidas las de nivel técnico. Esta medida pretende retener talento en áreas clave como la tecnología y la ingeniería, y había sido bien recibida por sectores del empresariado que dependen de la mano de obra calificada.
Por otro lado, el presidente electo prometió reinstaurar la prohibición del servicio militar para personas transgénero, una política que implementó en 2017 y que fue revertida por el presidente Joe Biden en 2021. Además, planea firmar órdenes ejecutivas para restringir la participación de personas transgénero en deportes femeninos y prohibir procedimientos médicos relacionados con la transición de género en menores de edad, lo que generó una fuerte polémica entre grupos defensores de los derechos LGBTQ+.
