Donald Trump asume nuevamente la presidencia de Estados Unidos este 20 de enero, respaldado por un partido republicano que controla ambas cámaras del Congreso y una agenda enfocada en cambios significativos para el país. En su primer discurso tras las elecciones del 5 de noviembre, el mandatario aseguró: "Gobernaré con un lema sencillo: promesas hechas, promesas cumplidas". Entre sus principales planes destacan continuar la construcción del muro fronterizo con México e implementar lo que describió como la "mayor deportación" de inmigrantes indocumentados en la historia. Otros planes son reducir la burocracia, bajar impuestos y establecer aranceles de hasta el 60% a las importaciones provenientes de China.
Pese a contar con un "gobierno unificado", término que describe la mayoría republicana en el Congreso y su influencia en la Corte Suprema, la capacidad de Trump para implementar su agenda enfrentará desafíos significativos. Según un análisis de la BBC, diversos factores políticos, judiciales y sociales podrían actuar como contrapesos importantes en este nuevo mandato presidencial.
Si bien los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras en el congreso, esta ventaja es reducida. En la Cámara de Representantes cuentan con 220 legisladores frente a 215 demócratas, pero las recientes renuncias de miembros republicanos han reducido esta diferencia, complicando la aprobación de propuestas clave. En el Senado, los republicanos necesitan 60 votos para lograr mayorías calificadas, una meta difícil de alcanzar en un Congreso profundamente polarizado. Según Mark Peterson, profesor de Políticas Públicas en UCLA, citado por la BBC, "es la mayoría más débil que ha habido en tiempos modernos".
El sistema judicial también podría frenar algunas de las iniciativas del nuevo gobierno. Aunque la Corte Suprema tiene una mayoría conservadora de 6-3, varios de sus fallos recientes demostraron su independencia. Este tribunal bloqueó iniciativas como la eliminación del programa DACA y partes del Obamacare, además de decisiones que contrarían los planes republicanos. Además, la mayoría de los jueces en cortes de distrito fueron nominados por presidentes demócratas, lo que suma otro nivel de resistencia institucional.
A nivel estatal y local, el sistema federalista de Estados Unidos otorga competencias clave a gobiernos subnacionales, incluyendo áreas de salud, educación y seguridad pública. Varios estados y ciudades, como California, anunciaron su intención de desafiar activamente las políticas de Trump, especialmente en temas como las deportaciones masivas. Además, numerosas jurisdicciones se declararon "santuarios" para migrantes, limitando su cooperación con el gobierno federal.
En el ámbito social, los medios de comunicación, sindicatos y organizaciones civiles continúan siendo voces críticas frente a las políticas de Trump. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que presentó más de 430 demandas contra el gobierno anterior del mandatario, reafirmó su compromiso de bloquear las iniciativas que considera perjudiciales para los derechos humanos y las libertades civiles. "Tenemos la estrategia para contraatacar y ganar una vez más", declaró la organización tras conocerse los resultados de las elecciones.
Finalmente, la opinión pública representa un desafío importante. Trump ganó las elecciones con el 49,9% del voto popular, un margen ajustado que refleja profundas divisiones en el electorado. Según el análisis de la BBC, muchos de sus votantes no respaldan las propuestas más radicales de su agenda, lo que podría generar presiones para moderar sus planes de gobierno y proteger el apoyo político necesario en futuras elecciones. (Notipress)
